Las fuerzas de seguridad descubren vínculos económicos entre ANV y Batasuna

La clave es el dinero. Los servicios de Información de la Policía y la Guardia Civil han encontrado en los últimos meses «reiterados trasvases económicos» entre las arcas de Acción Nacionalista Vasca (ANV) y cuentas relacionadas con la ilegalizada Batasuna y con miembros de su entorno. Según informaron ayer fuentes de la lucha antiterrorista, estos vínculos económicos serán uno de los ejes principales del «informe unificado» que la secretaría de Estado para la Seguridad espera poder enviar antes de dos semanas al juez Baltasar Garzón, que quiere estudiar si procede la suspensión cautelar de las actividades del partido bajo sospecha.

La base de las investigaciones de ambos cuerpos son centenares de cuentas de los 42 ayuntamientos vascos y navarros gobernados por ANV. Sus movimientos bancarios durante los últimos seis meses han sido inspeccionados minuciosamente y se han encontrado decenas de transferencias sospechosas, descubiertas a pesar de los intentos de opacar estos movimientos. Según los investigadores, buena parte de estos trasvases son pagos, habitualmente con carácter mensual, a supuestos «asesores» municipales que en realidad son miembros de Batasuna o de organizaciones de su entorno.

También hay movimientos de fondos regulares desde «concejalías sociales» a personas de relevancia de la coalición ilegalizada y a asociaciones ligadas a esa misma formación. A ello se suman partidas de las cajas de la propia ANV, que salen a modo de nómina mensual o sueldos a destinos desconocidos.

Numerosos movimientos

Los mandos de la lucha contra ETA aseguran que todavía es pronto para precisar el monto total del dinero trasvasado. Reconocen que en la mayoría de los casos no son cantidades importantes. No obstante, subrayan que la regularidad y el abultado número de movimientos bajo sospecha demostrarían la «ayuda económica continuada» de ANV a Batasuna.

Entre las pruebas que se aportarán a Garzón figura el resguardo de una transferencia bancaria desde ANV a una cuenta de una de las dirigentes de Batasuna encarceladas, Maite Fernández de la Bastida, que fue descubierto tras la captura de la cúpula de la coalición en octubre en la localidad guipuzcoana de Segura. En el documento figuraba la cantidad de 213 euros con la referencia gastos de julio.

Los investigadores apuntan a que este traspaso sería un «prototipo» de la multitud de movimientos sospechosos a favor de Batasuna y provenientes, no sólo de ANV, sino también del Partido Comunista de las Tierras Vascas. La policía ya ha logrado documentar que el PCTV puso un sueldo mensual de 1.000 euros a varios dirigentes de la coalición proscrita.

La parte económica será el eje del informe, pero no el único punto. Tras casi un año de investigaciones, muchas de ellas anteriores a las elecciones municipales, Policía y Guardia Civil tienen también constancia de que en varias ocasiones ANV ha recurrido, a través de personas interpuestas, al asesoramiento de Batasuna para decidir sobre cuestiones de peso.

El informe -revelaron estas fuentes- también recordará la ilegalización de las 133 candidaturas a los comicios locales, una relación pormenorizada de las negativas a condenar los atentados, la participación de ANV en la movilizaciones de apoyo a Batasuna y los encuentros en secreto de miembros de ambas organizaciones, entre otras cuestiones.

La Fiscalía General del Estado mantiene que a día de hoy «no hay base suficiente» para solicitar al Tribunal Supremo que ilegalice ANV por violar lo establecido en la ley de Partidos como ya hizo en 2003 con Batasuna. Sin embargo, el fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, ha ordenado al teniente fiscal, José Martín Casallo, y al fiscal jefe de lo Contencioso del alto tribunal, Antonio Narváez, que tengan todo preparado por si a corto plazo hay que instar a la Sala Especial del Supremo a que proscriba al partido independentista por estar vinculado a Batasuna y ETA.

Conde-Pumpido, que se ha reunido con ellos y ha mantenido frecuentes contactos telefónicos en las últimas semanas, les ha pedido que realicen un estudio jurídico en profundidad y que elaboren un borrador sobre las características que debería tener el proceso y sobre los argumentos en los que debería basarse la hipotética demanda. La clave, en todo caso, está en si el Ministerio Público contará o no al final con indicios suficientes contra ANV para recurrir a la Sala Especial del Supremo. La respuesta a esa pregunta puede estar en el gran informe que las fuerzas de seguridad darán a conocer antes de final de año.

El fiscal general, según fuentes de este departamento, quiere tener respuesta a la pregunta «¿cómo lo hacemos?» en el mismo momento en que llegue a la conclusión, si es que ocurre, de que cuenta con elementos suficientes para desencadenar la ilegalización. La orden de Conde-Pumpido es «hilar fino». El fiscal general no quiere ni fracasos ante la exigente doctrina del Constitucional en esta materia ni recursos con visos de éxito ante el tribunal europeo de Estrasburgo.