El enésimo esperpento

Lamentable. El cadismo vivió ayer otro nefasto capítulo en esta crisis presidencial que está deteriorando al club en todos sus apartados. La alcaldesa Teófila Martínez citó a Antonio Muñoz en el Ayuntamiento a las 18,30 horas con la idea de poner fin a la caótica situación actual, en la que manda quien no ha puesto el dinero y piensa irse el mes que viene. Arturo Baldasano, en Madrid junto a su mano derecha Moisés Israel, no acudió e intervino por vía telefónica.

Había grandes esperanzas de que la actitud mediadora de la regidora supusiera el final de esta novela. Después de estar llamándole durante los últimos tres días, siempre sin éxito, Martínez pudo hablar con el abogado y le pidió que tomara una decisión definitiva: o se queda, o cede la gestión del club al grupo accionista mayoritario.

La marcha del gaditano ya es irrevocable, aunque en principio hubo algunas esperanzas de que recapacitara. Teniendo en cuenta este punto, Baldasano comunicó a la alcaldesa su oferta: le ofrece a Antonio Muñoz la gestión deportiva compartida del Cádiz (según él, al 50%) hasta la Junta del 15 de noviembre, pero el apartado institucional lo seguiría llevando el grupo comprador.

Oferta rechazada

Antonio Muñoz no daba crédito a estas palabras. Desquiciado por la situación, lo considera «una nueva tomadura de pelo» y se pregunta «si se piensa que somos tontitos». El empresario cordobés no acepta las pretensiones de Baldasano, y exige la gestión total de la entidad ya que son los legítimos dueños y Baldasano dejará el club el día 15 de noviembre tras la Junta General de Accionistas.

En caso de ceder, «y por el bien del club», estaría dispuesto a llevar «una gestión compartida total, en todos los aspectos, no sólo en el deportivo. Incluso le pedimos al Ayuntamiento que nombre a alguna persona para que interceda, no hay inconveniente». Una propuesta que tiene la aprobación de la alcaldesa. También entienden que la gestión deportiva que le ofrecen «no es conjunta. Serían ellos los que tomaran las decisiones y nosotros tendríamos que dar la aprobación, pero sin conocer el tema económico. Además, si ellos se van , tenemos que empezar a trabajar ya, no en diciembre».

Contraoferta sin éxito

Como en un colegio, tuvo que ser Teófila Martínez quien llamara a Baldasano para informarle de la negativa de Muñoz y de la nueva oferta presentada. El abogado se negó y se dio por concluida la reunión, para enfado monumental de la regidora, que ha pedido a los dos que se pongan en contacto y lo solucionen entre ellos. El cordobés ha tomado el testigo y piensa llamar a Moisés Israel o a Baldasano, que ya ha comentado en los medios que no piensa hablar con este hombre.

El máximo accionista también aportó un dato para tranquilidad del aficionado. Una de las cláusulas del contrato recoge que «nos deben dar el club en la misma situación en la que nosotros se lo dejamos a ellos. Vamos a renunciar a nuestros beneficios como personas físicas, pero no dejaremos que perjudiquen al Cádiz porque seríamos responsables ante los accionistas». Pedirán una indemnización. Pese a todo, Muñoz no quiere cerrar todas las puertas. «Nulidad de contrato nunca habrá, pero puede haber renegociación, a lo que estamos dispuestos anteponiendo el bien del Cádiz al nuestro».

La alcaldesa, preocupada

La alcaldesa también dio la cara ante los medios, con un rostro que mostraba su malestar con la situación. Trasladó lo hablado en la reunión pero, «para que no haya interpretaciones», prefiere «no ser la voz que interprete la palabra de Arturo Baldasano». Espera que por el bien del club y la ciudad se solucione y justifica su presencia en el gran esfuerzo económico que el Ayuntamiento, con motivo del nuevo estadio, está haciendo en favor de la entidad.

Para más inri, no es del total seguro que la Junta General de Accionistas se celebre el 15 de noviembre. La ley exige que se publique con un mes de antelación en el medio local de mayor tirada, según Muñoz. El anuncio sólo ha salido en Marca el 11 de octubre, en la sección de fútbol internacional, por lo que puede haber problemas si el registrador es muy riguroso y no permite que se registre todo lo acordado en la Junta. En el peor de los casos, se retrasaría unos días más la fecha del acto, un aplazamiento que sigue perjudicando gravemente a la entidad.