Obra pública, incentivos y medidas fiscales, el plan de choque municipal toma forma

El Ayuntamiento de Córdoba ultima un paquete de medidas que supondrán un incremento sustancial de las inversiones y una reformulación prácticamente total de las ayudas previstas con el objetivo de establecer una inyección de dinero público en la economía con el propósito de generar oportunidades laborales. El plan que se está negociando implica, fundamentalmente, acelerar las inversiones previstas mediante procedimientos más breves que faciliten el establecimiento de negocios, ayuden a las empresas y trabajadores afectados por la crisis del coronavirus y reforzar los servicios municipales clave que trabajan en las autorizaciones de negocios de terceros.

Particularmente, se apostará por reequilibrar el peso industrial de la ciudad actualmente dependiente de los servicios. La magnitud global del plan depende de que el Gobierno permita utilizar el superávit. Ayer, el alcalde, José María Bellido, advirtió -en su calidad de vicepresidente de la FEMP-contra la idea del Gobierno de asumir los 28.000 millones de superávit conjunto de municipios y diputaciones para financiar sus políticas. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha empezado a trabajar en la incautación de esos recursos para poder pagar la millonada en prestaciones por desempleo y paralización de actividad.

La propuesta que está negociando el gobierno municipal, según fuentes consultadas por ABC, identifica sectores muy precisos que están siendo muy castigados por el Covid-19 . Habrá medidas especiales, vía subveciones, a sectores como la hostelería, el comercio o el turismo. El planteamiento genérico es que la crisis va a ser asimétrica. No todas las actividades se van a llevar el mismo golpe.

En este sentido, enfoca buena parte de las líneas de trabajo existentes a las empresas que se han acogido a expedientes de regulación temporal de empleo con el objetivo de financiar aspectos muy básicos del funcionamiento operativo . La idea es establecer un paraguas que pemita cubrir a quienes no han tenido la oportunidad de recibir dinero del Estado primando a los empresarios que han cumplido con sus obligaciones por encima de quienes no han respetado los términos del ERTE o de la negociación colectiva. Con carácter general, se mantiene la apuesta por una tributación más favorable aunque siempre vinculada a la creación de empleo y actividad económica. Esa filofofía será también la misma en las medidas tributarias. Las empresas que no hayan cumplido sus compromisos lo van a tener más crudo para abaratar su factura fiscal.

La obra pública constituye uno de los pivotes sobre los que trabaja el gobierno municipal. Tanto en lo que concierne a la más pequeña, que es la más accesible a las empresas locales, como a los proyectos de gran presupuesto en marcha como el Centro de Convenciones . Para ello, el trabajo en marcha precisa de que el Gobierno permita realizar los trabajos de contratación pública con normalidad. También, de que se pongan en marcha determinadas cuestiones que estaban en cartera y que darán empleo.

Son proyectos de gran presupuesto como la climatización de colegios o fondos externos pendientes de desarrollo, como los Edusi. También, los millones de euros en remanentes (dinero financiado y no gastado para inversiones) o los recursos de 21 millones de euros que saldrán los nuevos créditos municipales . La teoría es que la reanimación del sector de la construcción puede servir como vía de entrada al mercado laboral a muchas personas expulsadas del mismo por la crisis y generar un impacto multiplicador sobre actividades que son dependiente.