Un total de 47 familias okupas de Sanlúcar serán juzgadas

Un total de 47 familias serán juzgadas por okupar viviendas en tres barriadas de Sanlúcar de Barrameda a partir de la próxima semana. Los allanamientos se produjeron antes incluso del verano de 2014 mientras que los juicios se desarrollarán los próximos 28 y 29 de marzo en la ciudad. Varios de los afectados mantienen que solo pueden pagar un alquiler «razonable» ante sus penurias económicas, pero lo cierto es que las entidades bancarias propietarias del ladrillo han incoado acciones judiciales por un posible delito de usurpación contra los okupas de las denominadas corralas.

IU-Sanlúcar ha vuelto a denunciar la situación y ha desarrollado numerosas acciones tanto en el Pleno municipal como en el ámbito del activismo en defensa del derecho constitucional a una «vivienda digna».

La coalición ha explicado que son los servicios sociales municipales quienes deben evaluar si estas familias están en riesgo de exclusión social y, en tal caso, negociar con los propietarios de los inmuebles, que son bancos, un acuerdo por el cual los ocupantes se puedan quedar en las viviendas a cambio de un alquiler social que permita acceder a los servicios de agua y luz, mientras se les «busca una salida definitiva a su situación social». 

Ante la situación de pobreza, marginación e incluso necesidad de alimentos de estas familias, el Ayuntamiento «no puede ni debe quedarse impasible», ha indicado en un comunicado IU Sanlúcar, que ha instado al gobierno local del PSOE a que no se ponga de perfil «ni pretenda echar balones» fuera eludiendo este grave problema social, y que ponga todos los mecanismos municipales necesarios para atender a estas familias que están en grave problema de exclusión social.

El problema actual de emergencia de vivienda para decenas de familias sanluqueñas no se soluciona con ceder de manera «urgente y oportunista» suelo a la Junta de Andalucía para construir viviendas sociales, ha incidido IU. Mientras, el gobierno local mantiene que se seguirá negociando con las entidades bancarias y los juzgados para dar una solución a la problemática.