Las universidades andaluzas «suspenden» en los controles económicos

De sobresalto en sobresalto. Así es como viven los rectores andaluces en las últimas semanas. Al caso de Íñigo Errejón, mano derecha de Pablo Iglesias, apartado de la carrera académica por la Universidad de Málaga (UMA) tras conocerse que cobraba 1.825 euros mensuales trabajando desde Madrid en un estudio sobre la vivienda en Andalucía, se ha sumado el posible uso irregular de tarjetas bancarias que el anterior equipo directivo de la Universidad de Cádiz (UCA) utilizó para pagar comidas en restaurantes, copas y compras en grandes almacenes y hasta joyerías.

En una atmósfera cargada de indignación por los recortes y la austeridad presupuestaria, ambos escándalos han puesto el foco sobre unas instituciones dominadas por el corporativismo y poco acostumbradas a los severos escrutinios públicos que funcionan en las administraciones donde manda la clase política.

La Cámara de Cuentas de Andalucía realizó durante el pasado año un completo «chequeo» a las universidades basándose en las cuentas rendidas en el ejercicio de 2011. En general, el «escáner» ofreció una imagen poco favorecedora de unas instituciones más preocupadas en colarse en los rankings de los campus de referencia que en renovar un sistema esclerotizado y en adelgazar una estructura de dimensiones elefantiásicas, como dejan patente las 69 sociedades mercantiles y fundaciones que componen una suerte de «universidades paralelas».

Falta de garantías

Más allá del crecimiento exponencial registrado en los últimos años, que muestra una estructura cada vez más burocratizada, y de la asignatura pendiente de la financiación, el órgano fiscalizador deja patente que los procedimientos de gestión relativos a «las áreas de contabilidad, personal, supervisión, intervención, ingresos y tesorería» hacen aguas por todos lados. «Si bien en unos casos afectan de forma aislada, en otros ocurre de manera más extensa, cuestionan los procedimientos seguidos y no ofrecen garantías suficientes para confiar en el control interno existente», concluye.

El informe, publicado en junio, hace hincapié en que las instituciones académicas siguen sin implantar un sistema de contabilidad homogéneo para conocer y comparar cómo gastan sus fondos, a pesar de que la Ley Orgánica de Universidades (LOU) delimita con nitidez las funciones de gobierno, representación, control y asesoramiento. «Mientras unas establecen la figura de la Intervención, otras hablan de unidad administrativa de control interno sin una homogeneidad en cuanto a su dependencia orgánica», aclara el órgano fiscalizador. En tres universidades (Almería, Pablo de Olavide y Córdoba) ni siquiera había fiscalización previa (se podía gastar sin autorización del interventor), mientras que en el resto ésta se limitaba a constatar la legalidad de determinados actos. Sólo cuatro universidades sometieron a una auditoría todas sus cuentas anuales en 2011. De aquellos polvos vinieron los lodos del descontrol sobre tarjetas e investigadores que se han conocido después.

La vigilancia sobre la docencia también flaquea. Sólo tres campus (Sevilla, Málaga y la Internacional) realizan controles de asistencia diaria del personal de administración (por medio de la huella dactilar o tarjeta electrónica) y de los profesores e investigadores (a través de visitas de inspección). Sólo los campus de Cádiz y Córdoba hacen controles de presencia de todo su personal para confirmar que se encuentra en el lugar de trabajo. De haber funcionado los controles en el campus malagueño, las alarmas habrían saltado antes en el incumplimiento del contrato de 40 horas semanales del que disfrutaba Errejón. La UMA fió la supervisión de su trabajo sobre la vivienda, subvencionado por la Junta, al director del proyecto, el profesor Alberto Montero, amigo suyo y miembro de Podemos.

Cuatro universidades con tarjetas

La Cámara de Cuentas enumera hasta 17 «puntos débiles» en el control de gastos, un caldo de cultivo perfecto para que brote la picaresca y los abusos, como el que ha podido producirse con las Visa asignadas al anterior equipo del exrector gaditano Diego Sales, utilizadas sin tasa ni contención entre 2007 y 2011. Una auditoría interna desveló desde cargos de comida en tres restaurantes por un importe total de 162.019 euros, que incluían consumiciones por «prolongación de jornada», hasta gastos irrisorios como desayunos, billetes de metro o tiques de parking. El actual equipo de gobierno, que eliminó las Visa, ha encargado un análisis pormenorizado de los gastos. El rector gaditano, Eduardo González Mazo, preside la Asociación de Universidades Públicas Andaluzas. ABC intentó recabar su valoración en el reportaje, pero alegó motivos de agenda para no atender los insistentes requerimientos del periódico.

La austeridad presupuestaria forzó cambios en esta práctica muy extendida antes de la crisis. Sólo los rectores de las universidades de Sevilla, Almería, Jaén y Huelva disponen de tarjetas, aunque con un uso limitado.