Artur Mas, la crisis en Grecia, Carmena y otras noticias que te has cansado de leer en 2015

Artur Mas, el fracaso de un líder obstinado

El independentismo catalán ha encontrado en Artur Mas un político que quiere personalizar un proceso de ruptura con España en el que, desde su inicio en 2010, ha gastado más de 3.609 millones de euros de las arcas catalanas. La oposición que ha mostrado a las resoluciones del Tribunal Constitucional hicieron que el 15 de octubre rindiera cuentas ante la Justicia por la consulta ilegal convocada el 9 de noviembre de 2014. Fue el magistrado Joan Manel Abril el encargado de tomar declaración al líder de la Generalitat en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Artur Mas se presentó a la cita arropado por partidarios del proceso independentista pero su declaración no fue otra cosa que una descarga de responsabilidades. Declinó contestar las preguntas del fiscal y de la acusación popular y su defensa se basó en negar la desobediencia, asumir su responsabilidad política en la fórmula original en la que se planteó la consulta y, por último, señalar que, tras la suspensión el 4 de noviembre de 2014 de la consulta por parte del TC, el gobierno catalán se desmarcó del proceso y fueron los voluntarios los que llevaron a cabo la votación del 9-N. El presidente de la Generalitat en funciones se enfrenta a una pena de hasta un año de prisión y diez de suspensión de cargo público.

Un gobierno bloqueado

Al fracaso de Mas se une la tensa situación política en Cataluña. Mas adelantó las elecciones autonómicas en el mes de agosto. El 27 de septiembre los catalanes acudieron a las urnas en unos comicios a los que la Generalitat había otorgado categoría de referéndum plesbicitario. Tres meses después de las elecciones, la comunidad sigue sin tener President. La coalición independentista Junts pel Sí (JpSí) –Convergencia Democrática de Cataluña, Esquerra Republicana de Cataluña, Demócratas de Cataluña y Moviment d'esquerres– obtuvo 62 escaños, 6 menos de los que le permitirían obtener la mayoría absoluta para formar gobierno y la investidura depende de los 10 escaños de la Candidatura de Unidad Popular (CUP). Tras varias reuniones la CUP sigue tratando de imponer sus condiciones a JpSí. La principal es que el nuevo President no sea Artur Mas, su candidato y número cuatro en las listas.

Mas, en su fallida investidura del 9 de noviembre de 2015, prometió que el proceso de «desconexión» está por encima de personalidades, pero no ha cesado en su empeño de seguir al frente de la Generalitat. Ese mismo día el parlamento catalán aprobó la resolución independentista y declaró su voluntad de crear un Estado catalán independiente en forma de república. Una resolución que el TC declaró nula en el mes de diciembre –tan solo veinte días después–. En esta decisión los magistrados recordaron que la soberanía de la nación reside en el pueblo español y que como tal «conlleva necesariamente su unidad (art. 2 CE)».

Durante las últimas semanas de diciembre ambas formaciones comenzaron a acercar posturas. El día 22 de diciembre se anunció un preacuerdo entre la CUP y JpSí. Un plan «basado en el programa de Junts pel Sí» según Raül Romeva. En el documento destacaban un plan de choque social y una posición ideológica más radical del futuro gobierno de Cataluña sin aclarar el futuro de Artur Mas, que fue sometido a votación el 27 de diciembre en la asamblea de la CUP. Una votación que, tras tres rondas, finalizó con un empate entre los partidarios de aceptar el plan de JpelSí e investir a Mas y los que rechazaban esta opción. Ambas posturas obtuvieron un total de 1.515 votos.

Tras la votación, la cúpula de la CUP anunció la celebración de una reunión del consejo político de la formación y del grupo de acción parlamentaria para tomar una decisión el próximo 2 de enero. Tan solo ocho días antes del 10 de enero, fecha límite para la investidura del president.

De continuar el bloqueo institucional hasta el 10 de enero, el Parlamento catalán se verá obligado a convocar elecciones. Según el artículo 6.3 del Estatut no pueden pasar más de dos meses desde la primera votación de investidura hasta que haya nuevo presidente de la región. Si no hay acuerdo, el parlamento se debe disolver de manera inmediata. En este caso los próximos comicios se celebrarían entre febrero y marzo de 2016. De llegar a este punto, serían las cuartas elecciones que la región ha vivido en cinco años.

La Unión Europea ante la crisis de refugiados

La inmigración es uno de los retos a los que la Unión Europea debe hacer frente en sus políticas comunitarias. Una cuestión que, desde la llegada masiva a las fronteras de los refugiados sirios, se ha vuelto prioritaria en la agenda de los estados miembros. La crisis de la inmigración ha reabierto antiguas heridas como el euroescepticismo en Reino Unido, avivado por la política de acogida de David Cameron o la revisión del espacio Schengen (el acuerdo que permite la libre circulación de personas en Europa). Actualmente, Europa registra dos rutas principales de acceso al continente. Desde Libia hacia Italia a través del Mediterráneo y la ruta que cruza Turquía con destino a los Balcanes y Grecia.

Agosto fue uno de los meses más conflictivos. Miles de refugiados trataban de llegar al espacio Schengen antes de que Hungría terminara de construir una valla fronteriza, y finalmente en septiembre bloqueaba a sus fronteras. Este cierre hizo que el flujo de refugiados se dirigiera hacia otros países de la zona y que Austria o Eslovenia comenzaran a levantar sus propias vallas. Ante esta situación, desde Bruselas, los estados miembros de la Unión han fracasado en la búsqueda de soluciones. El control de las fronteras y el reparto de los demandantes de asilo han sido claves en las diferentes cumbres europeas que se han celebrado en los últimos meses de 2015. Fundamental fue también el acuerdo con Turquía: Erdogan ha conseguido 3.000 millones de euros para el control de los refugiados, la retirada del visado en 2016 para los turcos que viajen a Europa y la promesa de reactivar la negociación de adhesión de Turquía a la Unión Europea.

África es otro de los puntos calientes de la inmigración hacia Europa. El pasado mes de noviembre más de 63 países africanos y europeos se reunieron en Malta con un objetivo: crear una estrategia común en materia de inmigración para la Unión Europea y un fondo de ayuda de 1.800 millones de euros.

Susana Díaz, a la cuarta va la vencida

Hasta cuatro veces el Parlamento andaluz tuvo que someter a votación la investidura de Susana Díaz como presidenta de la Junta de Andalucía. Las elecciones autonómicas celebradas el 22 de marzo dieron la victoria al PSOE con 47 escaños, pero los 8 que separaban a la formación socialista de la mayoría absoluta obligaban a Díaz a pactar. Por su parte, el PP consiguió 33 escaños; Podemos 15; Ciudadanos 9, e Izquierda Unida 5.​

Con unas conversaciones marcadas por el escándalo de los ERE, Pedro Sánchez emplazó a Podemos y Ciudadanos a facilitar la investidura de la candidata socialista. Sin embargo, en las tres primeras votaciones Díaz solo contó con el apoyo de su partido.

Tras dos meses y medio de negociaciones, el PSOE y Ciudadanos cerraron en el mes de junio un pacto de investidura que convertía a Díaz en presidenta con 56 votos a favor (PSOE y Ciudadanos) y 51 en contra (PP, Podemos e IU). En él se recogían las principales exigencias de la formación de Albert Rivera: una política autonómica fundamentada en la regeneración democrática, la economía y la cohesión social. El acuerdo exigía la dimisión inmediata de cualquier cargo público en caso de ser imputado por corrupción y la supresión de los aforamientos autonómicos, eso sí, sin mencionar de forma expresa a Chaves o Griñán y su salida del PSOE en ningún momento.​

Grecia, al borde del abismo

2015 ha sido un año difícil para Grecia. En enero, Syriza ganó las elecciones generales y Alexis Tsipras se convirtió en primer ministro del país heleno. Tras su llegada al poder, la coalición de izquierda radical anunció un paquete de medidas sociales para hacer frente a la crisis y puso fin a las políticas de austeridad. Por su parte, la troika (la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo) negoció con el gobierno griego un acuerdo que mantendría las ayudas hasta el 30 de junio de 2015.

Llegado este mes las negociaciones se complicaron y Grecia acusó a la Unión de querer «saquear su economía». El 27 de junio, Tsipras anunció la celebración de un referéndum para decidir si el país aceptaba o no el plan económico impuesto desde Bruselas. La respuesta del Eurogrupo fue romper las conversaciones con Grecia, una decisión que causó el bloqueo de la economía del país y un corralito que duró veintiún días.

El 5 de julio, un 61,31% de los griegos votaron que no aceptaban las condiciones del rescate. Sin embargo, en agosto, Tsipras, tras semanas de tensas conversaciones entre el Gobierno populista griego y la troika, anunció el tercer rescate al país heleno. Una intervención con exigencias aún mayores que las previstas antes del referéndum. Entre ellas destacaban: la reforma del sistema de pensiones y el aumento a 67 años de la edad de jubilación; reformas en el sistema fiscal y el IVA y numerosas privatizaciones. Otro de los efectos fue la salida del gobierno del polémico ministro de Economía Yanis Varufakis.

Durante la implantación de la primera fase del rescate y con un partido dividido, el 20 de agosto Alexis Tsipras anunció su dimisión y la celebración de elecciones anticipadas para el 20 de septiembre. Unas elecciones en las que Syriza consiguió la victoria con 145 escaños que le permitieron formar gobierno con Griegos Independientes (el partido nacionalista de derechas) y volver a ponerse al frente de Grecia durante los próximos cuatro años.

Hacienda pone en marcha el Modelo 720

El pasado mes de junio Hacienda ponía la primera multa por incumplimiento de la declaración de bienes en el extranjero amparándose en el Modelo 720, una de las medidas aprobadas por el Gobierno en la lucha contra el fraude fiscal. Esta medida obliga desde 2013 a los contribuyentes a declarar sus bienes y servicios en el extranjero cuando superen los 50.000 euros, incluyendo en estos acciones, participaciones o derechos, inmuebles y fondos.​

La primera multa recayó sobre un jubilado granadino al que se le impuso una sanción del 150% sobre la cuota del IRPF. El pensionista declaró en el ejercicio fiscal de 2014, de forma voluntaria, 340.255 euros que tenía en acciones y fondos en Suiza; una declaración fuera de plazo, ya que esta cantidad se debía presentar en 2013. Un año de retraso por el que Hacienda le reclama 442.312,44 euros en intereses, demora y otros cargos. Una decisión ratificada por Hacienda el pasado mes de noviembre tras el plazo de alegaciones.

Esta resolución coincide con la apertura desde Bruselas de un proceso de infracción a España por las sanciones impuestas a contribuyentes y que desde la Comisión Europea consideran ilegales. Siguiendo el Modelo 720, si la declaración de bienes en el extranjero no se presenta de forma correcta, la multa es de 5.000 euros por dato omitido (con un mínimo de 10.000 euros). Si la declaración se hace fuera de plazo, la sanción es de 100 euros por dato con un mínimo de 1.500. Además, en los casos en los que existan ganancias patrimoniales no justificadas, que son los bienes o derechos que no se correspondan con la renta o patrimonios declarados, al contribuyente se le carga una multa del 150 % del IRPF.

España defiende el déficit ante Europa

El cumplimiento del objetivo del déficit en España ha sido durante la última legislatura una prioridad para el Gobierno, pero durante 2015 el Ejecutivo ha tenido varios desencuentros con la Unión Europea en este ámbito. Fue la Comisión la que en octubre declaró que España no iba a cumplir los objetivos económicos marcados en 2015 ni en 2016. Bruselas previó que España cerrará 2015 con un déficit del 4,5% del PIB, tres décimas por encima del compromiso que adquirió con la Unión Europea. También estimaba que para 2016 el déficit será de 3,5%. El Fondo Monetario Internacional (FMI), por su parte, coincidía con las previsiones de la UE, y señalaba que España no podría bajar del 3% hasta 2017. Según la institución que dirige Christine Lagarde, el déficit de este año tocará techo en el 4,428% y en 2016 lo sitúa en el 3,16% frente al 2,8% previsto por el Gobierno, lo que creó malestar entre los responsables de economía. Además, la Comisión apuntó que el gobierno entrante tras las elecciones del 20-D debe volver a negociar los presupuestos para ajustarse a las previsiones y cumplir con el déficit.

Las estimaciones de ambas instituciones discrepan con las cifras que maneja el Gobierno. El Ejecutivo espera cerrar 2015 con un déficit del 3,3% del PIB; 2016 con un 3% y 2017 con un 2,9%. Tanto el ministro de Economía, Luis de Guindos, como Mariano Rajoy han defendido los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y han recordado reiteradamente cómo el déficit se ha visto reducido a la mitad durante esta última legislatura. La estimulación de la economía, el abaratamiento del petróleo o los bajos tipos de interés del BCE son factores que apoyan los argumentos del Gobierno. También la previsión de que la recaudación de las arcas del Estado sea un 4,2% superior a la de 2014. Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, señaló que la bajada de impuestos y la reducción del gasto criticados desde Bruselas son medidas que permitirán cumplir el objetivo económico.

Las previsiones del Ejecutivo han sido respaldadas por el ministro alemán de Economía, Wolfgang Schäuble, que valoró positivamente que el gobierno de Rajoy apostase por aprobar los Presupuestos para 2016 antes de las elecciones del 20 de diciembre y recordó que «todos los números macroeconómicos de España están constantemente el vías de mejora».

Culebrón veraniego en el Real Madrid

La salida de Iker Casillas del Real Madrid fue el primer reto al que Florentino Pérez tuvo que hacer frente al término de la pasada temporada. Desde 2012, Casillas ha mantenido una relación de amor-odio con el Bernabéu que, finalmente, se saldó con la marcha del equipo del que todavía hoy es el gran ídolo de la afición madridista. Fichó el pasado mes de julio por el Oporto y se despidió de la que ha sido su casa durante veinticinco años. En su despedida, dedicó las siguientes palabras al madridismo: «Gracias, miles de gracias, nunca os podré olvidar y tener por seguro que siempre, allá donde vaya siempre seguiré gritando "Hala Madrid"».

Tras la salida de Casillas el club merengue comenzó a tener conflictos cuyo protagonista ha sido el Manchester United. La renovación de Sergio Ramos fue una operación que se complicó con la entrada en juego de la oferta del conjunto inglés, que ofrecía a Sergio Ramos once millones de euros netos por su fichaje. Tras varios días de tensas conversaciones, el Real Madrid y Sergio Ramos llegaron a un acuerdo y cerraron un contrato por 8,5 millones de euros, 9 si se le añaden las primas, hasta 2020. Una renovación que, según el sevillano, « no era una cuestión económica». ​

Por último, el fichaje frustrado de David de Gea fue la gran decepción estival para el Real Madrid. Una operación marcada por la ambigua posición del Manchester United. La oferta del Madrid tocó techo en los 25 millones de euros (más otros 5 en primas); el Manchester exigía 35 millones. Y en medio de las negociaciones, el traspaso de Keylor Navas, valorado en 10 millones. El tira y afloja entre los clubs parecía relajarse cuando el 31 de agosto comenzaron las conversaciones. La negociación terminó con un fichaje fallido porque el Manchester United no envío los contratos a tiempo y De Gea renovó con el club inglés por cuatro temporadas más.

Pero los problemas no terminaron tras el verano. En noviembre llegó el primer clásico de la temporada 2015-2016. Un partido en el que el Madrid encajó en el Santiago Bernabéu cuatro goles ante el Barcelona. Una derrota con la que Rafa Benítez, entrenador del club merengue, se ganó los pitos de la afición madridista. Una relación que no ha hecho otra cosa que empeorar tras la eliminación del equipo merengue de la Copa del Rey por alineación indebida de Cheryshev en su encuentro ante el Cádiz el 3 de diciembre.

Carmena, a vueltas con la Memoria Histórica

Poner en marcha la ley de Memoria Histórica era una de las promesas electorales tanto para Ahora Madrid como para el PSOE. En las elecciones municipales del mes de mayo el PP ganó en la capital con 21 escaños. Ahora Madrid alcanzó los 20 escaños, el PSOE 9, Ciudadanos 6 e Izquierda Unida y UPyD se quedaron sin representación.

Tras las elecciones, el equipo de Manuela Carmena llegó al Ayuntamiento de Madrid apoyado por el grupo socialista y, desde entonces, la Memoria Histórica ha formado parte del día a día de la rutina del Consistorio. Ambos grupos han protagonizado tensos enfrentamientos por su deseo de ser los primeros en promover proyectos a favor de dicha ley.

En julio, Rita Maestre, la portavoz del Ayuntamiento, anunció que el gobierno municipal pretendía «adecuar el callejero de la capital a la Ley de Memoria Histórica». El delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento, Carlos Sánchez Mato declaró que el gasto por cambiar calles ascendería a un máximo de 60.000 euros aunque señaló que era «complicado establecer el coste» debido a la falta de información y concreción del proyecto. En total, existen alrededor de 160 calles, plazas o monumentos con posibilidad de cambiar de nombre ya que hacen referencia al franquismo. Algunos son puntos emblemáticos de la capital como la Avenida del Arco de la Victoria (Moncloa).

La traición de Carmena

La cuestión llegó al pleno municipal el pasado 25 de noviembre cuando el PSOE presentó una moción de urgencia para hacer cumplir la ley de Memoria Histórica. Su argumento fue la existencia de una denuncia particular al Ayuntamiento de Madrid por incumplir la ley. Tras llegar a un acuerdo el gobierno de Manuela Carmena decidió, según Rita Maestre, dedicar a la cuestión su propio espacio e incluso «un pleno específico» al ser «una cuestión de calado» y se abstuvo en la votación. Una decisión que los socialistas consideraron errónea y equivocada.

Sin embargo, la actuación del Gobierno municipal ha sido contradictoria. Las Juntas de Distrito comenzaron a cambiar el callejero el 12 de noviembre. Trece días antes del pleno en el que el equipo de Carmena no votó, el distrito Latina ya había cambiado el nombre del Parque de Arias Navarro por Parque de Aluche. Otros seis distritos –Moncloa-Aravaca, Fuencarral-El Pardo, Arganzuela, Tetuán, Carabanchel y Usera– ya habían aprobado eliminar los restos del franquismo.

Maestre anunció en diciembre la presentación de un Plan Integral de la Memoria de Madrid que estará incluido en el plan de Derechos Humanos del Ayuntamiento. Ahora Madrid también decidió presentar en el último Pleno del año una moción para sustituir los nombres de la dictadura por «el de los olvidados de la ciudad». El PSOE, por su parte, también anunció que presentarían su propia moción para abordar la cuestión.

En dicho pleno, la propuesta socialista fue apoyada por Ahora Madrid y Ciudadanos. El PP, desde la oposición, rechazó la moción por no incluir a víctimas por creencias religiosas. El gobierno de Carmena espera eliminar el recuerdo franquista del callejero en un plazo de seis meses, un plan que contará en cuatro meses con un listado de símbolos y calles a valorar por grupos políticos y asociaciones. Sin embargo, Ahora Madrid anunció el mismo 22 de diciembre la retirada inmediata de 30 calles en 16 distritos de la capital (Tetuán, Fuencarral-El Pardo, Ciudad Lineal, Chamartín, Centro, Carabanchel, Moncloa-Aravaca, Barajas y Arganzuela).

La técnica CRISPR-Cas9 protagoniza los avances en genética

El CRISPR-Cas9 juega un papel clave en los avances científicos. Más conocida como la técnica del «corta y pega», se trata de una proceso de biología molecular que permite editar el genoma de cualquier célula. Su aplicación es muy variada y, sin ir más lejos, Jennifer Doudna ha recibido el premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica por estudiar el genoma humano y manipular los ácidos nucleicos utilizando este método.​

Recibe su nombre de las siglas CRIPRS, que en inglés significan «clustered regularly interspaced short palindromic repeats» (en castellano «repetidos cortos palindrómicos aglomerados regularmente interespaciados»), y de la proteína Cas9. Esta proteína junto al ARN, que son las moléculas encargadas de transferir la información genética del ADN, permite cortar el genoma en el lugar que el científico desee. Así, esta técnica -CRISPR-Cas9- es la herramienta para modificar el genoma humano pero, hasta finales de 2015, su aplicación solo ha sido útil para trabajar con fragmentos del genoma que codifican proteínas, y estos solo representan el 1 por ciento del genoma humano.

Hasta ahora la técnica del «corta y pega» no podía aplicarse para modificar el «ADN basura». El «ADN basura» representa el 99 por ciento del ADN y son fragmentos del genoma que no codifican proteínas. Un estudio del Centro de Regulación Genómica (CRG) ha descubierto la manera de aplicar el CRISPR-Cas9 al estudio del «ADN basura». Con este avance, la genética tiene una puerta abierta a «cortar, pegar y editar el genoma a todos los niveles», algo que favorecerá notablemente el estudio de las células y su composición, así como múltiples enfermedades que afectan al ser humano.

La ESA busca el éxito del GPS europeo

La Agencia Espacial Europea (ESA) lanzó al espacio los satélites Galileo 9 y 10. Ambos forman parte del programa Galileo. Una iniciativa de la ESA en colaboración con la Comisión Europea. Su objetivo es crear un sistema civil de navegación global para Europa. Un servicio satélite que ofrezca ubicación en tiempo real y con precisión. Un proyecto para dejar de utilizar el sistema GPS creado en EE.UU., y Glonass, el sistema de la Federación Rusa.

Galileo 9 y 10 fueron lanzados el pasado mes de septiembre desde la Guayana francesa y colocados en órbita por un cohete Soyuz a 23.500 metros de altura aproximadamente. A este lanzamiento le seguirán el de otros dos satélites que están pasando su etapa de pruebas en las instalaciones de la ESA en Noordwijk, Holanda.

El programa Galileo se inició en 2011 y tiene previsto colocar en órbita un total de treinta satélites. Estos se distribuyen en tres órbitas cercanas a los polos de la Tierra y con una distancia de 56º grados hacia el Ecuador para ofrecer una precisión mayor. Además para evitar fallos o interrupciones en el sistema utilizará diez radiofrecuencias diferentes.