«Tiene muchos interrogantes, pero no desventajas, y todos ellos tienen respuesta». Así respondía Artur Mas en plena campaña cuando le preguntaban por las desventajas de una eventual independencia de Cataluña. Según el discurso independentista nunca hay problemas, si acaso interrogantes.

¿Dejarán los jubilados de cobrar la prestación? No, respondía el líder de CDC. Con la independencia «los pensionistas catalanes tendrían más garantías de cobrar las pensiones y mejores en cuantía que en el resto de España». ¿Saldrá Cataluña de la Unión Europea? «Si fuéramos independientes, la UE tendría que echarnos», respondía Mas. En cualquier caso, no habrá una declaración unilateral de independencia tras el 27-S, sino un «inicio del proceso de diálogo», siempre de «buen rollo».

La victoria de Junts pel Sí sin lograr mayoría absoluta (62 escaños; la suma de CiU y ERC logró 71 en 2012) da todo el protagonismo a la CUP. Sus 10 diputados darían la mayoría que el independentismo precisa para comenzar el camino de 18 meses hacia la secesión pactada entre Artur Mas y Oriol Junqueras. Pero los antisistema, liderados por Antonio Baños, siempre han sostenido que una mayoría de escaños pero no de votos (que la suma de Junts pel Sí y CUP se quede por debajo del 50 por ciento, como ha ocurrido este 27-S) no era suficiente y que en ningún caso harán presidente a Mas.

«Ahora organizaremos el Govern de tal manera que pueda cumplir la hoja de ruta», ha dicho este domingo Mas, y ha matizado, dirigiéndose a la CUP, que espera que cualquier independentista priorice la independencia. Lo que ocurrirá a partir del 28-S, el día después de los comicios, es el inicio del proceso que CDC, ERC y los organismos independentistas han negociado en los últimos meses. Sea Mas el próximo presidente de la Generalitat o no, no habrá de inicio una declaración unilateral de independencia, sino una declaración solemne del Parlamento de Cataluña «de inicio del proceso de constitución de un Estado», que irá acompañado de un «ofrecimiento de negociación desde el primer momento» al Estado, «de buen rollo y de forma amigable».

En paralelo, el Gobierno catalán pretende comunicar a las autoridades de la UE y al resto de la comunidad internacional su decisión por si quieren «involucrarse en estas conversaciones». «Aspiramos a seguir estando dentro del marco de la UE y del euro», asegura Mas.

Según la hoja de ruta firmada por los miembros de la lista unitaria marca de Junts Pel Sí, el primer objetivo es emprender la elaboración de un proyecto de texto constitucional antes de diez meses abierto a la participación ciudadana y supeditado a un referéndum posterior.

Mientras, según el texto pactado, la Generalitat crearía las estructuras necesarias para el nuevo Estado catalán: «Hacienda propia, seguridad social, transitoriedad legal, acción exterior, transición de infraestructuras estratégicas, servicios sociales, salud, suministro energético, seguridad...».

Llegado ese punto, los secesionistas contemplan el inicio de negociaciones con el Estado para «repartir los activos y pasivos». Mas, durante la campaña, llegó a amenazar con no pagar la parte de la deuda pública que le corresponde a Cataluña, alrededor de 180.000 millones de euros, el 18 por ciento del total.

Si el resultado del referéndum sobre la nueva constitución catalana es positivo, la Generalitat proclamariá la independencia. el documento de la declaración unilateral de independencia generó discrepancias entre Convergència y Esquerra. La formación que lidera Junqueras prefería avanzarla y someterla a votación en el nuevo Parlamento catalán tras el 27-S.