Aguirre pide a Carmena claridad sobre el futuro de los cooperativistas de Maravillas y las cocheras

En el Residencial Maravillas, 355 familias han desembolsado 250.000 euros de media por persona desde 2014 para tener una vivienda en Raimundo Fernández Villaverde, 50, donde hoy se encuentran edificios abandonados del Ministerio de Defensa. El Ayuntamiento, con los votos a favor de Ahora Madrid y el PSOE, lo ha paralizado pese a tener el Plan Parcial aprobado desde noviembre, una decisión que dividió al partido de Manuela Carmena.

En el Residencial Metropolitan, el que se encuentra en las cocheras de Metro de Cuatro Caminos, 443 familas han abonado 100.000 euros de media cada una desde el año pasado, persiguiendo el mismo sueño. El pasado mes ya anunció el concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, en la comisión en la comisión del ramo, que se tumbaría el proyecto por incumplir el Plan General al construir un talud sobre las cocheras superando las cotas establecidas.

Ni a Ahora Madrid ni al PSOE le convencen estos dos proyectos de cooperativistas por ser una herencia del gobierno de Ana Botella. Lo han calificado en alguna ocasión como «pelotazos urbanísticos». Sobre todo se ha escuchado esta expresión en boca de la concejal socialista Mercedes González, responsable de los temas de urbanismo.

La portavoz del Partido Popular, Esperanza Aguirre, se ha reunido esta mañana con algunos de los afectados para trasladarles su apoyo y pedir públicamente a la alcaldesa «celeridad» y «claridad» sobre el futuro de estos ciudadanos.

«Es un presunto chantaje»

«En Maravillas les obligan a reducir 500 plazas de Maravillas. No se los han dado por escrito, después se les pide que cedan parte de los terrenos. Ahora, lo que exigen es que el jardín interior se convierta en el patio de botellón de la señora Carmena, y eso no están dispuestos a aceptarlo. Les parece que es un presunto chantaje, lo que sería delicitivo puesto que la licencia es un acto reglado», ha pronunciado la expresidenta regional ante los medios de comunicación. «Lo que se pretende es evitar que los ciudadanos madrileños construyan su propia vivienda», ha remachado.

Junto a la portavoz popular estaban los cooperativistas, que han ido explicando los problemas que les supone esta indefinición. La gran mayoría está pagando alquileres más la financiación de la cooperativa, cuyas mensualidades alcanzan los 1.500 euros. Palabras como desesperación, agonía y asfixia eran las que más se repetían entre los perjudicados.

«Tenemos que venir en comunas»

«A lo mejor tenemos que venir en comunas», ha expresado Juan Andrés García, uno de los damnificados de Maravillas. «No podemos aguantar indefinidamente como el Ayuntamiento quiere intentar conseguir», ha añadido.

Por su parte, Desiré del Río, de Metropolitan, ha manifestado que se sentía engañada por el actual gobierno: «Llevamos un año negociando con técnicos municipales para que se apruebe el proyecto y nos hemos enterado de que no salía por nota de prensa».

«La inseguridad jurídica es lo peor que se puede hacer en un país, porque entonces no habrá inversión, y si no hay inversión no hay empleo», ha destacado Aguirre. «En nombre de estas 800 familias que han metido todos sus ahorros para construir una vivienda, el Ayuntamiento no se lo puede impedir. Si lo hace, tendrá que atenerse a las consecuencias jurídicas, que pueden ser graves», ha zanjado la política.