Ciudadanos, Granada y los estibadores

Ciudadanos ha sido el único partido político que incluyó en su programa electoral la reforma laboral de los estibadores para cumplir con las exigencias europeas, pese a lo cual Albert Rivera y sus diputados tenían previsto votar mañana en contra de la convalidación del decreto ley aprobado hace dos semanas por el Gobierno y retirado a última hora del orden del día del Congreso para que el Ejecutivo se ahorre de momento su derrota parlamentaria y no quede en evidencia el mal estado de sus relaciones con el grupo que apoyó la investidura de Mariano Rajoy hace seis meses.

Hay que buscar hasta llegar a la página 288 del programa con que Ciudadanos se presentó a las elecciones de diciembre de 2015 para leer que este partido proponía «la convergencia hacia reglamentos y condiciones laborales europeas en las profesiones reguladas portuarias y aeroportuarias», para lo que se deberían realizar «modificaciones legislativas que procuren esa convergencia en un plazo no superior a dos años» con objeto de evitar la «contradicción con reglamentos y sentencias del Tribunal de Justicia Europeo».

Una propuesta olvidada por una razón que nada tiene que ver con los estibadores, su régimen laboral de monopolio, la sentencia europea de obligado cumplimiento por España y la supuesta ideología liberal de Ciudadanos, sino con la negativa del presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, a dimitir por haber sido imputado por un presunto delito de corrupción.

Albert Rivera estaría cargado de razón para enfadarse con el PP después de recordarle que en su pacto para la investidura de Rajoy estaba incluida la exigencia de que este partido aparte de su cargo a quien haya sido imputado por un delito de corrupción, como es el caso del presidente murciano, si no fuera porque Ciudadanos lleva apoyando al alcalde socialista de Granada desde el pasado mes de octubre, cuando fue llamado a declarar como imputado por un presunto delito de corrupción: el de haber contratado irregularmente a particulares para inspeccionar cursos de formación.

Los de Rivera dieron la alcaldía de Granada al PSOE votando junto a Podemos e Izquierda Unida pese a que el PP había ganado las elecciones municipales de 2015. Su pacto de investidura del nuevo alcalde, Francisco Cuenca, exigía «separar de inmediato a cualquier cargo público que resulte imputado por corrupción política». Cuenca fue imputado el octubre de 2016, acudió a declarar a la Audiencia Provincial en diciembre y a pesar de que la Audiencia rechazó el recurso que interpuso para que se rechazara la imputación, Ciudadanos sigue sin pedirle que dimita.