El Ayuntamiento afirma que la desalojada de Procasa llevaba 14 años sin pagar y no ocupaba el piso

El Ayuntamiento de Cádiz salió ayer al paso de las denuncias públicas de Izquierda Unida y negó que el desalojo de un piso de Procasa (Alcalde Blázquez 4, 5ºA) sea únicamente el impago. Asegura la empresa municipal que otro motivo es «la constatación de la falta de uso social que la adjudicataria estaba haciendo de la vivienda».

Según esta aclaración municipal, la renta mensual de la vivienda es de 33,60 euros al mes «y no paga ni un sólo mes desde mayo de 2000. Es decir, lleva sin pagar el alquiler 14 años». Para la empresa pública «puede ser comprensible que en lo más agudo de la crisis no se pagara una, dos, o varias mensualidades, pero no es muy explicable que desde 2000 hasta, por ejemplo 2008, ni un sólo mes tuviera disponibilidad para pagar los 33,6 euros que supone el alquiler de la vivienda social».

Además, asegura Procasa, «la adjudicataria llevaba años sin ocupar el piso de manera regular, tal y como reconoce en la prensa, incumpliendo de esta forma la obligación que tienen los inquilinos de hacer un uso, no esporádico, de la vivienda».

El Ayuntamiento recuerda que «como ha quedado patente en los últimos días» existen muchas familias gaditanas que necesitan «de manera urgente una vivienda para los 365 día del año». La administración municipal añade que «los pagos de alquileres de familias que no pueden acceder a una vivienda social cuestan al Ayuntamiento de Cádiz, a todos los gaditanos, del orden de 400.000 euros mensuales».

La demanda, argumenta por último el gobierno local, se pone «al ser imposible localizar a la adjudicataria, que no ha atendido todos los requerimientos previos de Procasa, y solo se ha puesto en contacto con la empresa una vez notificado el procedimiento».

El Ayuntamiento cree «falso» lo que denuncia el secretario local de Izquierda Unida de que la renta de ese piso de Procasa ascienda a 200 euros mensuales. «Martín Vila miente. No se sabe aún si por desconocimiento o con la intención de usar políticamente el problema de la vivienda de los gaditanos», indicaron desde el equipo de gobierno.

Por último, la administración local lanza una grave insinuación: «En cualquier caso si Izquierda Unida de Cádiz está muy preocupada por estos problemas de vivienda, que intente convencer al delegado de Fomento y Vivienda de la Junta, Manuel Cárdenas, que use para éste y otros casos similares, el procedimiento que -al parecer- ha usado con personas del entorno del número ocho de la lista de Izquierda Unida a las últimas municipales».