Patronal y sindicatos proponen recaudar directamente los fondos de formación

Los agentes sociales han pactado una reforma del sistema actual de formación de los trabajadores que ayer presentaron al Gobierno y que supone dar el protagonismo a las empresas para que sean ellas las que decidan la formación a realizar en función de sus necesidades estratégicas «y con derecho a la información, participación y consulta de la representación legal de los trabajadores». El acuerdo pretende que las empresas puedan recuperar el 100% de lo cotizado para formación e invertirlo en lo que consideren más adecuado. En la actualidad, sólo las empresas de menos de 9 trabajadores tienen derecho a un crédito anual por el 100% de lo cotizado (las de más de 250 trabajadores sólo recuperan el 50% de lo cotizado por formación, el 60% las de 50 a 249 trabajadores y el 75% las de 10 a 49 trabajadores).

Además, plantean que sean las entidades bipartitas formadas precisamente por las organizaciones patronales y sindicales las que recauden «directamente» los fondos para la Formación Profesional para el Empleo, en lugar de la Seguridad Social como ocurre ahora, aunque fuentes de CEOE precisaron que se trata de un ejemplo y que se pueden estudiar otros. Ese sistema de recaudación directa por las entidades es el que se utiliza en Francia y el que funciona desde hace años en el sector de la construcción en España, donde la Fundación Laboral de la Construcción, en la que participan patronal y sindicatos del sector, recauda una cuota adicional del 0,2% para formación, aparte de la general del 0,7%. Fuentes de CEOE resaltan el «carácter finalista» de esos fondos refrendado por el Tribunal Constitucional. El presidente de CEOE, Juan Rosell, defendió que la formación profesional la decida «quien paga» y no la Administración»

Los fondos para la formación proceden fundamentalmente de la cuota de Formación Profesional: el 0,7% de la masa salarial, que es pagada por los empresarios (0,6%) y por los trabajadores (0,1%). Este año, esos ingresos ascenderán a 1.778 millones de euros según las previsiones. A esto se añade una aportación del Fondo Social Europeo y del Estado, cuya cuantía apenas representa el 10% del total. Con todo ello se financia la formación de los trabajadores ocupados y de los desempleados, en una proporción de 40% para ocupados y 60% para parados, además de financiar las escuelas taller y las casas de oficio. El acuerdo de los agentes sociales pretende que los fondos recaudados se destinen «prioritariamente» -aunque no exclusivamente- a la formación de ocupados y que haya «aportaciones propias de las administraciones para la formación de los no cotizantes», es decir, de los parados.

Dentro de la formación a ocupados hay dos sistemas: la que decide la empresa y la que se ofrece gratuitamente por parte de los agentes sociales y que los trabajadores pueden elegir libremente. La primera es la que se quiere impulsar con el crédito-formación por el 100% de lo cotizado. Para las pequeñas empresas de menos de seis trabajadores se les garantizaría un mínimo -ahora esa cuantía es de 420 euros al año por empresa-. Lo que no se gastara se destinaría a un fondo global de formación que gestionarían las entidades bipartitas constituidas por patronales y sindicatos. Podría pensarse que todas las empresas agotan los fondos de formación a que tienen derecho pero, en la actualidad, hay un millón de empresas que no utilizan el sistema de formación.

En todo caso, el nuevo sistema llevaría a que hubiera menos cuantía para la formación de parados, autónomos y otros colectivos no cotizantes, salvo que se incrementaran las partidas presupuestarias del Estado para ello.