Interrogarán al exgerente del IEDT por la manipulación en el reparto de ayudas a espaldas de los técnicos

Esta semana, la instrucción judicial por el 'caso Bahía Competitiva' suma nuevos folios a la causa que dirige la jueza del nº 4 de Cádiz, Lourdes del Río. El próximo jueves está previsto que declaren nuevamente como imputados el técnico del Instituto de Empleo y Desarrollo (IEDT) de la Diputación, Teodoro Clavijo, y el que fuera responsable de este organismo durante años, Teodoro Garrido. El motivo de su nueva comparecencia ante la instructora obedece a lo declarado por Clavijo el pasado mes de octubre, y que supuso toda una revelación para las pesquisas. La jueza le pidió que entregara pruebas de lo que decía y esta semana se puede dar respuesta a esa demanda.

El documento

Fuentes de la investigación confirmaron a este medio que este jueves puede confirmarse si los informes de los técnicos de Diputación con la elección de los proyectos empresariales que iban a recibir subvenciones a cargo del Plan Reindus, se manipulaban antes de que esa propuesta llegara al Ministerio de Industria que era el departamento que concedía en último extremo la ayuda económica. Unas inyecciones económicas que tenían como objetivo atraer inversiones privadas a la Bahía de Cádiz para generar empleo.

El pasado mes de octubre, Teodoro Clavijo aseguró a la jueza Lourdes del Río que el informe que se remitió al Ministerio de Industria en la convocatoria de 2011 con el listado de proyectos que debería recibir respaldo económico no fue el mismo que él redactó tras tomar una decisión la comisión técnica evaluadora de la que formaba parte. Clavijo señaló a su superior por entonces, Teodoro Garrido -ya fuera del IEDT tras ser imputado- como la persona que habría hecho modificaciones a espaldas de los técnicos.

La jueza le pidió al técnico que aportara el documento original que salió de la comisión y que presuntamente fue alterado y Clavijo se comprometió a presentarlo. El exgerente del IEDT también ha sido citado, ya que será interrogado sobre ese documento y las declaraciones que vertió en su contra su antiguo subordinado.

En esta fase de la instrucción y gracias a las declaraciones de algunos imputados ha quedado en evidencia que la mesa técnica evaluadora, que decidía cómo se repartía el pastel de las subvenciones, no funcionaba de forma independiente. Así lo declaró, por ejemplo, una de las integrantes de la citada mesa, quien reconoció que la decisión definitiva sobre cómo se iban a distribuir las ayudas se tomaba «con carácter político y criterios subjetivos»; y siempre pasaba por el filtro del gerente de la oficina Plan Bahía, Antonio Perales, principal implicado en la investigación sobre el destino final de 21 millones de euros que no se invirtieron en la creación de proyectos empresariales en Cádiz y acabaron en manos de un grupo de empresarios, según concluyó la Policía.

En el PP esperan mucho de estas jornadas que se avecinan. Así lo expresaba ayer la portavoz de la formación en Cádiz, Ana Mestre, quien asegura que estos interrogatorios previstos «aclararán definitivamente de quién procedían las órdenes para cambiar las baremaciones de los expedientes».