ANDALUCÍA

Alaya dice que su carga de trabajo «excede» las «capacidades personales»

SEVILLA. Actualizado: Guardar
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La jueza Mercedes Alaya se explica ante los retrasos en la tramitación de los recursos en el caso de los ERE fraudulentos. en un auto notificado ayer reconoce que la «carga» de trabajo que sufre «excede en muchos momentos» de «las capacidades personales».

La magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, rechaza la nulidad de las actuaciones planteada por la defensa del abogado Alfredo Jiménez Suñe, indica que no se ha producido indefensión y justifica «el retraso en proveer» la personación de Alfredo Jiménez -presentada el 22 de marzo-, «por la magnitud del número de escritos a proveer diariamente», indica Europa Press.

La carga de trabajo de la jueza incluye varias macrocausas. La primera de ella la de los ERE, en la que esta mañana tomará declaración al exsecretario general de Hacienda, Antonio Estepa, pero también los delitos societarios del ex presidente del Betis, Manuel Ruiz de Lopera, y el caso Mercasevilla, respecto al cual ayer imputó a tres exdirectivos de la lonja Fernando Mellet, Daniel Ponce y Pilar Giraldo.

Alaya les acusa de haber pagado 652.245 euros en comisiones ilícitas, haber viajado dos veces a Vietnam sin justificar 6.566 euros, haber regalado 76.000 euros a los mayoristas y haber contratado sin proceso público a su personal y proveedores.

Los exdirectivos de Mercasevilla, que fueron imputados en 2010, se han acogieron a su derecho a no declarar ante la jueza, que les imputa presuntos delitos de malversación, fraude, apropiación indebida y delito societario en uno de los cuatro sumarios del caso Mercasevilla .

En el acta de su comparecencia, a la que ha tenido acceso la agencia Efe, la juez ha imputado a los directivos haber pagado 652.245 euros en «comisiones ilícitas» a dos empresas vinculadas al «conseguidor» de los ERE Juan Lanzas y a Hermes Consulting, propiedad de un cuñado de Francisco González, comercial de la empresa Vitalia ya imputado por las sobrecomisiones que cobraban a la Junta en los ERE.