Los partidos políticosy los sindicatos podrán ser condenados penalmente

Fin de los privilegios judiciales para las formaciones políticas y los sindicatos. El Gobierno anunció ayer que quiere que los partidos y las centrales dejen de ser personas jurídicas exentas de responsabilidad penal y, por ende, patrimonial.

Fue el golpe de efecto de Alberto Ruiz-Gallardón durante la sesión de control, en respuesta a una interpelación de la líder de UPyD, Rosa Díez, que se quejaba de la falta de medidas para reprimir la corrupción en los partidos. El ministro de Justicia explicó que ya tiene un borrador para derogar la excepción legal que dentro del Código Penal excluye a partidos y sindicatos del régimen penal de las personas jurídicas. De prosperar la reforma, ambas entidades podrán ser condenadas y castigadas económicamente si se prueba que sus responsables sabían que se estaba cometiendo un delito, como por ejemplo la financiación ilegal. Hasta ahora, solo el tesorero o gerente de estas organizaciones podía ser condenado.

El titular de Justicia defendió la necesidad de esta modificación porque, en su opinión, solo el Estado y las instituciones de carácter público pueden tener ese «privilegio» de exención de responsabilidad penal, mientras que los partidos y sindicatos «son entidades de derecho privado y no tiene sentido eximirles». Gallardón recordó que en 2011, durante la modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, el grupo parlamentario popular ya presentó esta enmienda, aunque entonces la propuesta fue rechazada por el PSOE.

Gallardón fue más allá y dijo estar dispuesto a estudiar, como le propuso Díez, la fórmula para sacar de las listas electorales a los políticos acusados penalmente. El ministro, para no violar así la presunción de inocencia, apostó por apartarlos solo si pasan de estar imputados a encausados, o sea, a un paso de sentarse en el banquillo.