El PP ordena zanjar el 'caso Bolinaga' ante los insistentes reproches de Mayor Oreja a Interior

El día después de la tempestad no llegó la calma. El choque entre el ministro del Interior, Jorge Fernández, y el portavoz popular en el Parlamento europeo, Jaime Mayor Oreja, sobre si la concesión del tercer grado penitenciario al etarra Josu Uribetxebarria Bolinaga, fue una decisión obligada por la ley, como sostiene el Gobierno, o una concesión política, como defiende Mayor Oreja, amenaza con agrietar la unidad del discurso antiterrorista que siempre ha exhibido el PP.

Con Mariano Rajoy volcado en los preparativos de la decisiva reunión que mantendrá mañana con la canciller alemana, Angela Merkel, fue María Dolores de Cospedal quien intentó poner fin a esta escalada verbal, que tuvo su punto culminante durante la celebración del comité de dirección que se celebró el lunes. En la dirección del partido no esconden su asombro por la cantidad de detalles y citas textuales que se han reproducido de este encuentro que se celebra a puerta cerrada para preservar el secreto de las deliberaciones. Ante semejantes filtraciones, la secretaria general del PP ordenó zanjar esta controversia de una vez por todas.

La notificación no debió llegar a tiempo a Mayor Oreja, quien insistió en una entrevista en la COPE que hay una voluntad «política del Ministerio del Interior» en la decisión de conceder el tercer grado penitenciario al etarra Bolinaga. «No es una decisión arbitraria», insistió el exministro, y «tiene margen de discrecionalidad», pero puede ser revocada por la Justicia.

Tampoco dio un paso atrás en otro de los diagnósticos que más astilla la tesis de Fernández Díez. «Frente a la idea de que se ha derrotado a ETA, yo sostengo que por primera vez ETA acaricia la posibilidad de ganar unas elecciones autonómicas en el País Vasco», remachó en alusión a la candidatura de EH Bildu.

El doble mensaje que se transmite desde la cúpula del PP sobre la puesta en libertad de Bolinaga, que padece un cáncer en fase terminal, desconcierta a los cargos medios del partido. Dos diputadas expusieron estas dudas ante Alfonso Alonso, portavoz del grupo popular en el Congreso, durante una reunión de coordinación en la Cámara baja.

Uno de los asistentes comentó que la diputada Teresa de Lara preguntó cómo responder a la indignación que muestra un sector importante de votantes del PP ante la posible salida de prisión del carcelero de José Antonio Ortega Lara. También la parlamentaria Carmen Álvarez Arenas reclamó a la dirección del partido argumentos más claros para poder defender ante los ciudadanos esta y otras decisiones de política antiterrorista del Gobierno.

Alonso, en la misma línea que Cospedal, señaló tras la reunión del grupo que el debate sobre Bolinaga «quedó zanjado» el lunes con las «suficientes y fundadas en Derecho» explicaciones que ofreció el ministro del Interior. «Creo que todos los que hemos querido entender lo hemos entendido», abundó el exalcalde de Vitoria.

Campaña vasca

Pero Alonso es consciente de que esta herida no va a cicatrizar tan pronto. Por ello, hizo un llamamiento a todos los miembros del PP y especialmente a los miembros del comité ejecutivo para que dejen de agitar esta discusión. Sobre todo porque perjudica de manera clara a los intereses de la candidatura de Antonio Basagoiti en las elecciones del País Vasco.

«No podemos hacer una campaña girando en torno a Bildu, a ETA o a sus presos». Hay que hacer, agregó el portavoz parlamentario de los populares, una campaña «para que haya una garantía en el País Vasco, que tiene que ser el PP, de que no se avance en un proceso de ruptura nacionalista».

En un intento de amortiguar la dura acusación de Mayor Oreja de que el ministro del Interior había actuado bajo un prisma político y no jurídico con el etarra Bolinaga, el portavoz del grupo popular comentó que todas las decisiones que se toman en el ámbito de la administración pública son, por definición, políticas. Lo sustantivo, a su juicio, es que hubiera sido «mucho peor ver al Gobierno saltarse la ley que ver a un preso en libertad condicional recibiendo tratamiento médico porque lo quieren los jueces».