Expropiación irresponsable

Tras semanas de amenazas, la presidenta argentina consumó ayer la traumática expropiación inmediata de YPF, presentando al mismo tiempo al Congreso un proyecto de ley que, en el marco de la declaración de «interés público y nacional» al «autoabastecimiento de hidrocarburos», expropia el 51% de YPF del paquete accionarial de Repsol, que era del 57,43%. Quiere decirse que los demás propietarios de la compañía -la familia Eskenazy y los accionistas que compraron los títulos en la Bolsa- conservarán sus participaciones. El precio de compra de las acciones no será negociado, como parecería lógico en una transacción de buena fe: lo fijará el Tribunal de Tasaciones de la Nación. El silencio de las últimas horas previas al anuncio de la expropiación por la presidenta Cristina Fernández engañó al Gobierno español, ya que ambos habían llegado a un acuerdo verbal el pasado 28 de febrero. Sin embargo, la posición española ante una medida calificada de 'impresentable' en la forma y en el fondo por medios diplomáticos, ha sido de firmeza estos días pasados y de enérgica condena ayer: los ministros de Asuntos Exteriores, García-Margallo, y de Industria, Soria, salían anoche a emitirla, a constatar la ruptura del clima de cordialidad y a anunciar que en los próximos días se tomarán medidas de defensa de nuestros intereses legítimos, que deberán ser contundentes. España tiene ya también el respaldo explícito de la Comisión Europea -lo ocurrido «tendrá consecuencias», ha dicho Bruselas-. Y Rajoy, que anoche viajaba a México, tendrá ocasión de mostrar su posición en la reunión del G-20 que se celebra en la capital azteca. Las acusaciones de la Casa Rosada contra Repsol son infundadas: la crisis petrolífera del país es consecuencia de una mala política energética y no de una compañía que sigue pautas de racionalidad económica. Y la arbitrariedad cometida hace temer por la suerte de las demás empresas españolas presentes en Argentina, que han invertido más de 27.000 millones de euros. Esta realidad habrá de ponderar evidentemente las reacciones y las represalias ante una afrenta que es una pésima noticia para la seguridad jurídica y que perjudica también al pueblo argentino, cuyo país ya no merecerá la confianza de los inversores.