Rebajar la deuda

El incremento constante de la deuda autonómica desde 1995 hasta hoy fue, inicialmente, reflejo de las engañosas sensaciones que los responsables públicos vivieron en los años en los que el crecimiento se percibía como una línea ascendente hasta el infinito. El recurso al endeudamiento supuso la socorrida fórmula con la que las autonomías hacían frente a la paulatina asunción de competencias, cuando su sistema de financiación no resultaba acorde a las transferencias y aspiraban a otro que ofreciera mayor suficiencia económica. La tardanza en identificar la naturaleza de la crisis de 2007, en reconocer su gravedad y prever su duración hizo que, como ocurriera en situaciones anteriores, las instituciones optaran por aplicar respuestas anticíclicas a cuenta de ingresos futuros. Ejercicio tras ejercicio, durante los cuatro últimos años las instituciones han jugado con previsiones que en ningún caso contemplaban una segunda recesión, dando por supuesto que la reactivación económica se produciría a medio plazo y ello permitiría hacer frente a la deuda y evitar que sus intereses se disparasen. De ahí que la deuda autonómica haya acabado duplicando, con el 13,1% del PIB al finalizar 2011, el índice que presentaba al comienzo de la crisis. Las comunidades autónomas fueron también responsables de un voluntarismo que era compartido por todo el arco parlamentario y alentado especialmente por el entonces presidente Rodríguez Zapatero. Una inclinación coincidente con la proclividad de los gestores territoriales a transferir las cargas financieras a la siguiente legislatura. España, con un 68,5% de deuda respecto al PIB cuando la media de la Unión está en el 90%, se ve penalizada por el alto coste financiero que deriva de las dudas que el futuro de nuestra economía suscita en los mercados. En el caso de las autonomías el problema no está tanto en el volumen de deuda -exceptuando el caso de aquellas comunidades que han recurrido más a ella- como en la resistencia a ajustar los costes estructurales de la administración a requisitos financieros que prevalecerán, se quiera o no, después de la crisis. La decisión del Consejo de Ministros de ayer de disolver, fusionar o vender empresas públicas y fundaciones debería formar parte de un esfuerzo general por reducir la dimensión del sector público en el conjunto de las administraciones.