LOS CHIRINGUITOS DE MIGUEL ARIASMás allá de Rubalcaba

Jerez como los grandes imperios siempre buscó una salida al mar. Ahora vuelve a tenerla en la persona del ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, que quizá haya suprimido lo de Pesca por ser de tierra adentro. Sin embargo, más allá de las negociaciones emprendidas para intentar buscarle una salida a la flota barbateña en los caladeros marroquíes, la prioridad de Arias pasa por una reforma «profunda, rigurosa y seria» de la Ley de Costas de 1988. Natural y vecino de Madrid, donde no hay playas, vaya-vaya, Arias se escuda en que el Parlamento Europeo ha pedido una revisión de la misma en base a su supuesta aplicación «errática en los últimos ocho años ha generado controversia, inquietud e inseguridad jurídica» a los ciudadanos. ¿Ocho años de entre veinticinco? ¿Antes no? Zapatero debería dimitir.

Cualquier ley puede reformarse, incluso la del Aborto, aunque también cualquier norma corre el riesgo de que el rodillo de una mayoría absoluta la aplaste a la postre. Arias y otros portavoces del PP, para buscar amparo en su propuesta, ponen como ejemplo a los chiringuitos, no tanto los de quita y pon de Cádiz sino los permanentes de Málaga. No es una cuestión baladí esta. En Andalucía existen cerca de 2.000 concesiones de playa, de las que unas 900 corresponden a chiringuitos, generando este sector empleo en 40.000 personas, según datos de la Federación Andaluza de Empresarios de Playas (Faeplayas). Sin embargo, ¿estamos hablando de simples chiringuitos cuando se plantea esta reforma? Más de uno teme actuaciones urbanísticas más agresivas si se afloja la mano en la defensa de este patrimonio natural. Verbi gratia, el hotel El Algarrobico de Almería, levantado a pesar de la Ley en un parque natural; o el macroproyecto hotelero de El Palmar, en el término municipal de Vejer, que todavía se cierne sobre nuestra última playa virgen del litoral andaluz.

A juicio de Arias, la nueva ley iría orientada a copiar los ejemplos magníficos de nuestras costas y evitar los nefastos. Pero, ¿quién decide qué es nefasto y qué magnífico? Desde el ministerio se insiste en que la modificación de Ley de Costas de 1988 será un «vehículo eficaz» para «mejorar la seguridad jurídica» de los titulares de derechos en la costa; fomentar la ordenación de la actividad económica, y revalorizar económicamente las zonas ya degradadas y sin valor medioambiental. Entre otros aspectos, dijo que la línea del deslinde será de conocimiento público y que se procederá a «la desafección de espacios del dominio público que ya no requieran protección por haber perdido sus valores naturales». En las explicaciones que ha brindado tanto Arias como su secretario de Estado Federico Ramos de Armas se habla de inversiones, pero apenas se menciona la necesaria salvaguarda del medio y de las playas propiamente dichas, que siguen siendo públicas al día de hoy.

Habrá que ver cómo se desarrolla el proyecto de reforma que indudablemente llevará a cabo el Gobierno, pero no sólo existe inquietud entre los conservacionistas, empezando por Ecologistas en Acción, sino que también late la suspicacia entre otros responsables institucionales como el consejero de Medio Ambiente de la Junta, el poeta José Juan Díaz Trillo, que ha reclamado que no se devalúe la legislación en vigor en esta materia. También, incluso, entre empresarios turísticos que temen que la reforma de la Ley abra el grifo de un nuevo ladrillazo sobre las costas de nuestro país y que eso ahuyente al turismo de calidad que ahora se busca para estabilizar el sector. El asesinato de esta gallina de los huevos de oro parece la crónica de una muerte anunciada.

Por su parte, Javier Arenas asume que el medio ambiente es «perfectamente compatible» con el desarrollo económico, pero él, como también ha dicho, está harto de la milonga de la economía sostenible: «Hay que preocuparse de la preservación de todas las especies, pero sin olvidarse de la humana», ha asegurado. Claro, los cangrejos moros no votan, pero lo que no parece claro es que la especie humana pueda preservarse sin extremar el cuidado de un planeta en peligro, empezando por sus costas. Arenas habla de empleo en el país del paro. Pero, ¿al PP sólo le preocupa eso, que también? ¿O está actuando bajo presión de empresarios con negocios situados en zonas de dominio público marítimo-terrestre que ven peligrar su concesión en 2018 cuando finaliza el plazo? Ya el PSOE estuvo a punto de modificar la ley en este sentido. Pero no sólo se trataría de revalorizar terrenos y favorecer de nuevo la especulación inmobiliaria. Iniciativas como, por ejemplo, la del polígono de Las Aletas en Puerto Real ya sufrieron el rechazo de los tribunales a pesar de que el Gobierno central y el autonómico forzaran una interpretación flexible de la Ley para desproteger 266 hectáreas, de interés para la avifauna, para desarrollar un proyecto de fomento de empleo.

Arias, que es de natural moderado, ha anunciado que la reforma será «sosegada», aunque nadie da un duro por el hecho de que pueda consensuarse la mayor parte de sus extremos si vulneran las líneas rojas de algunos actuales niveles de protección. Cierto es que han existido criterios distintos a la hora de de fijar los deslindes de costa que afectan a construcciones de primera línea de playa. Pero, ¿es necesaria una nueva ley para mejorar la seguridad jurídica en este aspecto, que es lo que viene a exigir Europa? Tampoco faltan quienes entiendan que el sector turístico está alcanzando máximos de ocupación y que lo que necesita es replantear su modelo para que siga teniendo porvenir. Tampoco la ley de Costas puede perseguir la promoción económica sin buscar otras soluciones transversales como, por ejemplo, a la subida del nivel del mar propiciada por el deshielo polar. ¿Cómo afectará todo ello, por cierto, al Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático? ¿Y a las barbacoas del Carranza?

No sólo Alfredo Pérez Rubalcaba alcanzó la victoria ayer al hacerse con la secretaría general del PSOE. También quienes le apoyaron decididamente desde un primer momento, lo que en la provincia de Cádiz se traduce por su secretario general Francisco González Cabaña y por el ex consejero Luis Pizarro que podría encabezar la candidatura del PSOE por esta circunscripción, de confirmarse esa tendencia en las asambleas socialistas que procederán a la elaboración de las listas provinciales para las próximas elecciones autonómicas. A la contra, quien lleva las de perder es el propio José Antonio Griñán, secretario general del PSOE de Andalucía, a pesar de que ha permanecido oficialmente neutral en el reñido congreso clausurado ayer en Sevilla. Su círculo más próximo apoyaba a Carme Chacón y ninguno de los responsables socialistas mencionados mantienen una clara afinidad con el presidente de la Junta de Andalucía, que desde ayer tiene mucho más complicado revalidar su posición al frente del Palacio de San Telmo.