Descontrol autonómico

Cataluña, que celebró elecciones regionales en noviembre, había alertado de los elevados déficit de las autonomías, pero no se ha tomado conciencia de la gravedad del problema hasta las elecciones del 22-M, porque los grandes partidos han ocultado la realidad para no alarmar a los electores. Y sin embargo, después de esta fecha, los políticos se han lanzado con frivolidad a especular sobre las cuentas públicas. Lo cierto es que la cruda realidad se ha impuesto con la contundencia de los datos: el faraónico edificio público del Estado de las Autonomías, que consume el 40% del gasto público español y da trabajo a 1,8 millones de funcionarios, y que ya no cumplió el objetivo de déficit en 2010, va en camino de desbordar también las previsiones de este año: en el primer trimestre se ha acumulado un déficit del 0,46% del PIB cuando la previsión para todo el ejercicio es del 1,3%; Cataluña, por su parte, ya ha anunciado que no se someterá al límite prescrito ya que es imposible reducir tanto el déficit de 3,8% que dejó el 'tripartito', por lo que tan solo llegará al 2,6% del PIB, el doble de lo autorizado. El problema es serio porque en el cumplimiento del compromiso de déficit asumido por nuestro país, el 6% al término del ejercicio, nos jugamos la credibilidad de nuestra economía. El 'Financial Times' ya ha dicho con claridad que las dudas suscitadas por la situación real de Castilla-La Mancha y otras comunidades aumentan los temores sobre la solvencia de España. Se impone, pues, un recorte riguroso, con la particularidad de que hay que salvar a toda costa los grandes servicios públicos, sanidad y educación, que gestionan precisamente las comunidades. Es altamente preocupante que las autonomías con más déficit -Cataluña, Valencia, Murcia- no hayan tenido más remedio que reducir estas partidas. Urge, pues, llevar a cabo la gran reforma a la baja de unos planteamientos de ostentosa opulencia. El 15-M acecha, y al menos en esto representa a una opinión pública muy crítica con lo actuado hasta hoy en el ámbito autonómico.