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La familia mauritana que obligó a una menor a casarse cumplirá la pena en su país

LA VOZ Actualizado: Guardar
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Mauritania ha obtenido el visto bueno de las autoridades españolas para que la familia mauritana condenada por la Justicia española por obligar a una menor a mantener relaciones sexuales con un adulto cumpla la pena en su país.

Así lo reveló la ministra mauritana de Asuntos Exteriores y Cooperación, Naha Mint Muknas, en respuesta anoche a la pregunta de un diputado durante una audiencia de la Asamblea Nacional (Cámara Baja del Parlamento).

Según la ministra, un acuerdo de extradición entre Madrid y Nuakchot ya ha sido firmado por las autoridades españolas y está a la espera de ser ratificado por las mauritanas.

Con esta decisión, los mauritanos residentes en Cádiz, Mohamed Uld Abdelahi, Haua Mint Chaij Elbu y Moctar Salem, que recibieron condenas de un año y medio de prisión el primero, y de 12 años los dos siguientes, cumplirán su pena en Mauritania, según había solicitado el Gobierno mauritano el pasado junio.

Abdelahi y Elbu fueron condenados por haber obligado a su hija, menor de edad y de nacionalidad española, a mantener relaciones sexuales con el hombre con el que fue casada en Mauritania, mientras que el marido y primo de la niña, Salem, fue imputado por un delito de violación.

La joven, nacida en Cádiz en 1992, vivía en Puerto Real al cuidado de una familia hasta que, cuando tenía 12 años, su madre la llevó a Mauritania, donde en 2005 la obligó a contraer matrimonio.

Tras la boda, regresó a España, donde continuó residiendo con familia puertorrealeña a hasta que en junio de 2007 llegaron a buscarla su marido y sus padres, que le dijeron que tenía que mantener relaciones sexuales con él, amenazándola con que si no "la llevarían a Mauritania y la lapidarían".

La jefa de la diplomacia mauritana defendió anoche las penas impuestas a los tres procesados, recordando ante los diputados que aunque en Mauritania el matrimonio de menores está autorizado por la charía (la ley coránica), los hechos fueron cometidos en territorio español, donde constituyen un delito.