La Junta modificará el Estatuto para blindar los derechos sociales

El Gobierno de Castilla-La Mancha va a impulsar un Acuerdo Marco sostenido en tres ejes, un Pacto por la Recuperación Social, un Pacto por la Recuperación Económica y un Pacto por la Regeneración Democrática e Institucional, en el que se engarzarán todos los compromisos adquiridos por el presidente Emiliano García-Page tanto en el programa electoral como en el discurso de investidura y en el acuerdo de investidura con Podemos.

Este Acuerdo Marco será «la columna vertebral» de la acción del Gobierno castellano-manchego y la «hoja de ruta» para los próximos meses y para toda la legislatura. Así lo anunció ayer en Almagro el vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro, donde todo el Ejecutivo regional, junto con los delegados provinciales, está reunido para «hacer un análisis en profundidad de la situación de la Administración regional desde el punto de vista financiero y administrativo y a partir de ahí marcar los objetivos para la legislatura pero también el grado de cumplimiento y la hoja de ruta de los próximos meses».

Guijarro aseguró que este Acuerdo Marco nacerá y se materializará del «diálogo» con los agentes sociales porque «desde el minuto uno de la legislatura hemos querido que se produzca un cambio real en la forma de hacer las cosas y por eso el dialogo, la cercanía y la transparencia van a ser señas de identidad del Gobierno en toda la legislatura».

El Acuerdo, avanzó, se sustentará en tres ejes. En primer lugar, un Pacto por la Recuperación Económica que diseñe un cambio de modelo productivo y económico en la región, y cuyo objetivo –indicó- será impulsar el crecimiento económico sostenible generando empleo y mejorando la capacidad productiva de la región.

Sin menoscabo de los sectores tradicionales «que son importantes» el vicepresidente abogó por buscar «alternativas» que puedan producir «ese cambio de modelo productivo» a través de investigación, desarrollo, innovación, internacionalización de las empresas y cualificación de los trabajadores.

El Pacto por la Recuperación Social será la segunda pata de ese Acuerdo Marco y el objetivo, según Guijarro, es recuperar los índices de calidad en los servicios públicos esenciales, la educación, la sanidad, los servicios sociales y los derechos sociales, incluidos los derechos de los empleados públicos.

«Si se produce la recuperación social pero hay colectivos que se quedan por el camino no se habrá hecho de una manera justa, no pueden pagar la consecuencia de la crisis aquellas personas que en ningún momento tuvieron culpa en el origen de la misma”, explicó.

El tercer eje será el Pacto por la Regeneración Democrática e Institucional que incluye como «gran objetivo» aprobar un nuevo Estatuto de Autonomía «en el que se incorporen como derechos todas estas cuestiones que a lo largo de los últimos años han sido modificadas o eliminadas» con el fin último «de que ningún gobierno tenga la tentación de eliminarlos y estén garantizados».

Además, el Gobierno de Emiliano García-Page considera que habrá que modificar la normativa electoral para evitar «ajustes» de los gobiernos «a sus problemas electorales». La idea –según avanzó Guijarro- es lograr «una normativa clara» que esté pactada con todas las formaciones políticas de la región, también con aquellas que tienen representación en instituciones aunque no estén en las Cortes de Castilla-La Mancha.

Del mismo modo, en este capítulo se incluye también una nueva ley del Gobierno que recoja un nuevo y más amplio catálogo de incompatibilidades, de dedicación exclusiva y el régimen de funcionamiento del Gobierno. «Tenemos que dar un paso y ponernos a la cabeza en materia de transparencia y exigencia a los responsables públicos. Ya se hizo, fuimos pioneros, fuimos la primera comunidad que obligó a sus cargos a hacer públicos su renta y sus intereses, algo que fue revolucionario y que hoy todo el mundo entiende como básico», aseveró.

También pretende el Ejecutivo regular mecanismos de participación institucional para «obligar» al Gobierno a escuchar a los agentes y a las entidades sociales. «Es fundamental en ese sentido articular mecanismos de participación institucional para que la voz de los ciudadanos a través de los agentes sociales en distintos ámbitos llegue a los responsables políticos», dijo el vicepresidente.