Las ONG de la Iglesia recogen firmas contra el acuerdo de la UE en materia de refugiados

Las entidades de acción social de la Iglesia que trabajan con refugiados y migrantes -Cáritas, Conferncia de Religiosos (Confer), el Sector Social de la Compañía de Jesús y Justicia y Paz- han lanzado este martesuna campaña de recogida de firmaspara reclamar que el Gobierno se oponga al acuerdo entre la UE y Turquía sobre refugiados.

Con el lema «Tenemos 72 horas para actuar», estas entidades pretenden que el Ejecutivo español diga no, en la reunión del Consejo Europeo que se celebra los próximos 17 y 18 de marzo, al acuerdo entre la UE y Turquía para devolver a suelo turco a los refugiados que llegan a Europa a través de Grecia.

Para estas organizaciones, el acuerdo supone llevar a cabo devoluciones colectivas y tratar a las personas «que huyen de la guerra y de las migraciones forzadas como monedas de cambio», al tiempo que considera que vulnera los derechos humanos y el Estado de derecho en Europa.

«No se trata de una crisis de refugiados sino de una crisis de Europa, ya que lo que se pone en juego con la firma de este acuerdo son los valores y la identidad europea», coinciden las entidades en un comunicado en el que destacan que tanto España como el resto de Europa tiene los medios para ayudar a estas personas.

Hospitalidad en lugar de hostilidad

En este sentido, piden al Gobierno «hospitalidad en vez de hostilidad» y exigen a la UE la protección de migrantes y refugiados con derechos, y la adopción de políticas urgentes de acogida e integración, en vez de «medidas que alientan el miedo y rechazo al otro». Recuerdan que el acuerdo, que «sería contrario al Derecho Internacional», ha sido rechazado por «numerosas instituciones civiles y por la inmensa mayoría del Congreso».

Con la campaña de recogida de firmas, las organizaciones piden al Gobierno también que defienda el mantener abiertas las fronteras externas de la UE «para garantizar el acceso a las personas con necesidades de protección».

Además, le piden que abogue por tramitar de forma individual cada solicitud de asilo y sin discriminación por razón de nacionalidad, conforme a la normativa europea e internacional, así como por la prohibición de devoluciones colectivas a Turquía o a cualquier otro país.

Le reclaman que apueste por establecer vías de acceso legal y seguro a Europa, y un sistema de distribución de la población refugiada «que sea justo para los Estados y para las personas refugiadas». También, las entidades piden al Gobierno que defienda la necesidad de abordar las causas por las que tantas personas abandonan involuntariamente sus hogares por el miedo, la guerra o el hambre.