En libertad la funcionaria de EE.UU. que no quería dar licencias a matrimonios gais

La funcionaria de un condado de Kentucky que desafió al Tribunal Supremo y que se negó a dar las licencias para los matrimonios homosexuales está en libertad desde este martes 8 de setiembre.

Kim Davis, la funcionaria, alegó «motivos religiosos» para desobedecer la orden del Tribunal Supremo. Pero, por primera vez en la historia, el Alto Tribunal estadounidense se vio obligado a actuar para hacer cumplir su histórica resolución de finales de junio, en la que quedó reconocido legalmente el matrimonio entre parejas del mismo sexo en los Estados Unidos, ilegal hasta entonces en 13 estados, entre ellos Kentucky.

Precisamente, la funcionaria rebelde dejó de emitir cualquier licencia a raíz del fallo judicial, ante lo cual el gobernador del estado, el demócrata Steve Beshear, le había conminado a que cumpliera con su obligación.

Tras la demanda de la propia funcionaria del pequeño condado sureño, que justificaba su conducta en que actuaba «bajo la autoridad de Dios», la corte federal se pronunció en contra el pasado lunes y le ordenó que de manera inmediata retomara la entrega de licencias a las parejas que pretendían casarse. En su defensa ante el juez, Davis había insistido una y otra vez en su convicción personal de que «el matrimonio es entre un hombre y una mujer», y que ella no podía contravenir «la autoridad de Dios».

En medio de un nuevo enfrentamiento entre partidarios y detractores del matrimonio homosexual, Kim Davis volvió a insistir en su negativa a rechazar las peticiones de licencias matrimoniales, algunas de las cuales habían obligado a algunas parejas a esperar largas horas en las oficinas del condado, durante días consecutivos.

Hasta que ayer, el juez federal David L. Bunning decretó su ingreso en prisión, que será revocada en el momento que Davis se incorpore a firmar licencias.

El juez advierte en su argumentación que «no es posible el incumplimiento de la legalidad por una voluntad personal», y remarca que «ello llevaría a que cada ciudadano pudiera elegir qué leyes quiere cumplir y cuáles no».