Una batalla necesaria
El frente común contra la droga es obligado para frenar una amenaza creciente
La Junta de Andalucía y el Gobierno del Interior al fin asumieron ayer la realidad. El Campo de Gibraltar es un territorio fronterizo, ubicado entre dos continentes y dos mares, que está condenado a ser zona de tensiones militares, territoriales y, también, de seguridad. Esta situación no debe hacer bajar los brazos a nadie. Al contrario, como se demostró ayer, hace falta unidad y firmeza para poner en marcha todo tipo de medidas educativas, laborales, legales, fiscales y policiales para quitarle dinero, manos, integrantes e impunidad al multimillonario negocio de la droga. Cádiz es la puerta más grande de entrada de hachís para toda Europa, estar a 14 kilómetros del segundo productor de esta droga del mundo es lo que conlleva. Por esta razón, las fuerzas de seguridad del Estado trabajan exhaustivamente en la zona para evitar que los narcotraficantes campen a sus anchas por la provincia. Pero las operaciones policiales que se desarrollan diariamente dando como resultado la incautación y encarcelamiento de algunos de estos delincuentes no son suficientes. Hay que dar alicientes a los jóvenes para que no caigan en este dinero fácil y hay que seguir el rastro de esos billetes manchados de sangre para sacarlos del sistema ilegal. Las medidas de formación son imprescindibles pero también es un gran avance el cruce de datos entre Agencia Tributaria, Hacienda y Junta de Andalucía porque el dinero siempre deja rastro, es imposible ocultarlo indefinidamente. En los tribunales, también hay mucho que mejorar. El problema surge cuando los jefes de los clanes o su nutrida infantería llegan a los juzgados. Las salas saturadas de los municipios se ven muchas veces incapacitadas para asumir los largos y complejos procesos que suponen este tipo de casos, sobre todo, por el alto número de personas que suelen estar imputadas. Como consecuencia, al final, los que terminan yendo a prisión son los eslabones más pequeños de la cadena, los que son más fácilmente sustituibles, por lo que los jefes de las redes siguen impunes.
Para solventar esta situación, colectivos, fiscales y fuerzas de seguridad insisten al Gobierno en la necesidad de instaurar más juzgados especializados en narcotráfico, que dediquen todo su tiempo y esfuerzo a procesar a todos los miembros de estos grupos. Está claro que si lo que se quiere es terminar de una vez con esta lacra, no se puede hacer oídos sordos a lo que demandan los que más saben del tema.
