Tribuna Libre
¿Cuál será el impacto de la Inteligencia Artificial en la Administración de Justicia?
Isabel Mª Villar Fuentes. Profesora de Derecho Procesal. universidad de Cádiz
Las herramientas de inteligencia artificial son un desafío para la Justicia en todas sus facetas y no debe ser omitido
La inteligencia artificial se ha revelado, recientemente, como uno de los nuevos temas de conversación, pese a que lleva tiempo presente en nuestras vidas. Una de las razones de ello es el Chat GPT, que ha provocado filias y fobias, reflejo de los admiración y temor que divide a la sociedad ante la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, esa conjunción de datos y algoritmos, programada por el ser humano, no es mala ni buena en sí, todo depende del modo en que se utilice y los fines que persiga.
Los problemas de la Administración de Justicia son notorios y conocidos, especialmente debido a las demoras ocasionadas por falta de medios personales y materiales. La percepción de la ciudadanía respecto al funcionamiento de la Justicia, revela en la encuesta 'Los españoles y la Justicia' de 2021 que el 72 % afirma que la justicia es lenta y el 79 % que no cuenta con los recursos necesarios para actuar con eficacia y rapidez.
Los datos son abrumadores pues en 2022 ingresaron 1.254.304 asuntos frente a los 1.203.452 del pasado año, lo que muestra un incremento en el nivel total de litigiosidad, aumentando en los órdenes jurisdiccionales civil y penal. Se genera una tasa de congestión, que indica la carga total de trabajo, esto es, asuntos registrados más asuntos pendientes, siempre superior a los asuntos que se resuelven. Esto impide rebajar el volumen de asuntos pendientes y mejorar los tiempos de respuesta de muchos órganos judiciales.
Por esta razón, las herramientas de inteligencia artificial son un desafío para la Justicia en todas sus facetas y no debe ser omitido. Las herramientas de inteligencia artificial ofrecen soluciones en este campo, al permitir automatizar y acelerar la gestión de tareas uniformes normalizadas. Dos ejemplos significativos de utilización de la IA en la gestión procedimental son Prometea y PretorIA. Desde 2017 la Fiscalía de la ciudad autónoma de Buenos Aires se desarrolla el sistema de inteligencia artificial 'Prometea' que permite incrementar la eficiencia de sus procesos de manera significativa. Sirva de muestra la reducción de 90 minutos a 1 minuto (99%) para la resolución de un pliego de contrataciones o de 167 días a 38 días (77%) para procesos de requerimiento a juicio.
En esta línea PretorIA utilizada por la Corte Constitucional colombiana es un sistema que 'lee', detecta, predice y elabora resúmenes sobre miles de sentencias en segundos. Permite disminuir los tiempos de análisis y clasificación de la información con grandes niveles de fiabilidad. El sistema puede procesar las sentencias en medio digital en menos de 2 minutos y arrojar las características y criterios claves de las sentencias.
Otra cuestión crucial que debe ser destacada es el acceso a la Justicia por parte de la sociedad. Dicho acceso consagrado como derecho fundamental en el artículo 24 de la Constitución española implica, entre otras cuestiones, facilitar y eliminar barreras a los ciudadanos en sus relaciones con la Justicia, como es la información judicial, trámites, defensa, hasta accesibilidad en el lenguaje para personas con alguna disfunción o extranjeros.
En este ámbito, las posibilidades que ofrecen los chatboot y asistentes virtuales (utilizados en Francia), a la hora de facilitar información jurídica y judicial a los ciudadanos es una herramienta valiosa, para hacer valer su derecho a la tutela judicial efectiva, en definitiva, poder acceder a los tribunales y obtener una resolución judicial y que ésta sea ejecutada. Cabe destacar aplicaciones de IA en esta línea, como a2J Author, DoNoPay o Self-help-Centers o Xiao Fa. La IA de Xiao Fa 'derecho pequeñito', desarrollada en China, atiende las preguntas sobre asistencia legal en un lenguaje comprensible para el ciudadano.
Mientras todavía no se materializa en muchos Estados el uso de IA en Justicia, en otros se está dando un paso más, al utilizarla en la resolución de conflictos concretos. Tal es el caso de Estonia que se sirve de una modalidad de juez robot para asuntos de comercio electrónico o la mencionada Xiao Fa que también resuelve asuntos de propiedad industrial.
No pueden obviarse los riesgos que puede provocar la inteligencia artificial, como es el caso de los sesgos discriminatorios especialmente en la denominada justicia predictiva de evaluación de riesgos en el proceso penal, que puede albergar el sistema y como consecuencia de ello arroje decisiones deterministas por razón de sexo, raza, religión o creencia… Algunas de ellas son CAS (Crime Anticipation System), HART (Harm Assessment Risk Tool) o PSA (Public Safety Assessment). Existe un ejemplo paradigmático en Estado Unidos (caso Loomis), donde el programa Compas –programado para evaluar la peligrosidad en la evaluación de la concesión de libertad condicional– tenía un sesgo discriminatorio. La Fiscalía utilizó Compas para afirmar el alto grado de peligrosidad del ciudadano Loomis y pudo demostrarse en apelación que el sistema tenía sesgos dicriminatorios. Por ello, una adecuada normativa en materia de datos y de inteligencia artificial, como la que se está desplegando en la Unión Europea, es fundamental para un correcto desarrollo de sus posibilidades.
No cabe duda que las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial son numerosas, tantas como los riesgos y dudas que puede suscitar la entrada de las máquinas en un terreno altamente sensible, como es la Justicia. Sin embargo, un correcto marco regulatorio de la inteligencia artificial como es la propuesta de Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea que actualmente se está gestando o el Reglamento General de Protección de Datos contribuyen a ofrecer garantías de un correcto uso de la misma. La Unión Europea lleva a cabo una estrategia de impulso y desarrollo de inteligencia artificial europea, pero siempre centrada en el ser humano, fiable en 'ecosistemas de confianza' con pleno respeto de los derechos fundamentales y especial atención a los grupos vulnerables. A nivel nacional, destaca el Proyecto de Ley de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia. Este Proyecto plantea una transformación digital de la Administración de Justicia para conseguir una Justicia inteligente orientada al dato que contempla «la aplicación de nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, sin embargo, no se concreta sistema alguno.
