El Consell deja en el aire la liquidación de RTVV y tumba el Ikea de Alicante

Las primeras decisiones del nuevo Gobierno valenciano buscan paralizar varias de las medidas «estrella» del anterior Ejecutivo autonómico, además de dar un golpe de efecto al tramitar cuestiones por las que se habían mostrado especialmente críticos durante la pasada legislatura con el PP al frente. Una de las que más significativas es el inicio de las gestiones para la reapertura de Radiotelevisió Valenciana (RTVV), promesa que todos los partidos de izquierda incluyeron en su programa electoral y se comprometieron a llevar a cabo en el acuerdo firmado en el Jardín Botánico.

En el primer pleno del Consell entrante, celebrado ayer, se acordó destituir a los liquidadores, con previsión de nombrar a sus sustitutos a lo largo de la jornada de hoy, según explicó la vicepresidenta y portavoz, Mònica Oltra.

Para la Generalitat, eso sí, el debate de la reapertura «excede» a lo que habría de ser la acción de gobierno y tiene que estar «más vinculado a las Cortes», al igual que todo lo relativo al «resto del espacio audiovisual», como la recuperación de la señal de TV3 o la situación de los canales TDT.

Con ello, el Consell pretende ganar algo de tiempo hasta que se tome una decisión sobre el modelo de la nueva televisión. Oltra no especificó si esto supone paralizar el proceso de liquidación -que se encuentra en la recta final-, una de las exigencias del comité de empresa por considerar «ilegítimas» las acciones. Sin embargo, sí la deja en el aire, dado que el papel de los liquidadores cambia por completo y pasa a ser de asesoramiento: «A los nuevos se les pedirá un diagnóstico de la situación actual, sobre el cual el Gobierno, constituido en Junta General, podrá tomar decisiones», indicó Oltra. La portavoz especificó que la denominación se mantiene «independientemente de lo que vayan a hacer» por una cuestión de legalidad y seguridad jurídica, aunque admitió que preferiría «un nombre tipo ‘controladores’ o ‘auditores’».

La fórmula para llevar a cabo la reapertura será decidida por las Cortes, donde existe un debate entre los grupos sobre si la comisión de control de la actuación de RTVV existe actualmente, al haberse derogado por ley la existencia de la radiotelevisión. La voluntad, según Oltra, es reformar el reglamento para que haya una comisión parlamentaria, no solo sobre RTVV, sino sobre el resto del espacio audiovisual.

Impedimentos

Las implicaciones legales y económicas, sin embargo, no hacen nada sencilla la reapertura. El pasado martes salían los últimos afectados por el ERE de extinción, cuando una de las pocas opciones para volver a tener una RTVV pasa, precisamente, por anular el ERE y readmitir a los 1.800 empleados despedidos.

Otro de los impedimentos son los pleitos pendientes, como los recursos presentados por el PSPV ante el Constitucional por el decreto ley de nombramiento del consejo de administración y la ley de supresión, además del planteado por CGT ante la Audiencia Nacional contra el ERE de extinción.

El Consell, por tanto, tendrá que decidir entre esperar a que la justicia resuelva, o retirar los recursos e iniciar un trámite parlamentario para promulgar un decreto de urgencia que anule las leyes aprobadas por el PP durante la pasada legislatura.

Oltra, por el momento, no se pronuncia sobre las posibilidades y simplemente insiste en que desconoce la situación «real» del proceso de liquidación. También evita establecer una fecha concreta, al ser «difícil de aventurar», y se limita a desear que sea «lo antes posible» -aunque se cuidó de fijar el 9 d’octubre, como se había asegurado antes de las elecciones-: «No esperen que haga anuncios que no sabemos si se pueden cumplir».

Plan Rabasa

La entrada de un nuevo Gobierno también permitía aventurar su oposición a varios grandes proyectos iniciados por los populares, entre ellos las Actuaciones Territoriales Estratégicas (ATEs). La primera en ser paralizada es la de «Alicante Avanza», en Rabasa, que preveía la instalación de una tienda de la multinacional sueca Ikea en terrenos de este barrio. La sociedad que impulsa dicha actuación está participada, entre otros, por el empresario Enrique Ortiz, imputado en el caso Brugal por presuntas irregularidades en la tramitación del Plan.

La portavoz del Consell señaló que la decisión se ha tomado conjuntamente con el Ayuntamiento de Alicante y se mantendrá hasta que puedan estudiar, a través de los mecanimos jurídicos convenientes, la reformulación del proyecto, «sobre todo por las implicaciones que tenía de corrupcion y sospecha de aprovechamiento particular de lo que tendría que ser un aprovechamiento colectivo» por parte de Ortiz.

Las tres formaciones que integran el equipo de gobierno local (PSOE, Compromís y Guanyar) llevarán al pleno de julio una declaración institucional para pedir la retirada definitiva de la ATE.

El proyecto, aprobado por la Generalitat en junio de 2014, preveía implantar un «gran espacio multifuncional» en la localidad con una extensión aproximada de 2.200.000 metros cuadrados donde se plantean actividades y usos terciarios, empresariales y espacios públicos, entre los que se incluía la tienda de Ikea.

La intención, según explicaron en su momento, era «canalizar una inversión cuyo impacto total sobre el territorio alcanzaría los 700 millones de euros, y la creación de unos 4.400 puestos de trabajo directos».