El juez da la razón a Alcoy en la sanción impuesta a Enrique Ortiz e Hijos

El Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 de Alicante ha fallado a favor del Ayuntamiento de Alcoy en relación a la demanda interpuesta por la mercantil Enrique Ortiz e Hijos SA y la UTE Rosaleda por el expediente sancionador impuesto por la administración local a consecuencia de una falta reiterada de mantenimiento del aparcamiento de la Rosaleda, que explota en concesión.

El juez considera ajustada al derecho la decisión municipal debido a que el mantenimiento de las instalaciones del aparcamiento corre a cargo de la UTE adjudicataria de la concesión, tal y como especifica el propio contrato.

En su día, el Ayuntamiento requirió a la empresa para que llevase a término la reparación de varias zonas del establecimiento afectadas por filtraciones de agua y humedades.

Ante la pasividad de la empresa en la realización de las obras pertinentes el Consistorio, mediante el departamento de Contratación, impuso sanciones económicas a la UTE, que finalmente dieron sus frutos con la puesta en marcha de los trabajos necesarios por parte de la empresa.

La propia empresa, no obstante, recurrió la decisión administrativa al contencioso solicitando al Ayuntamiento una indemnización por daños y perjuicios de 23.506,54 euros, que ahora el Juzgado ha dicho que no les corresponden, además de afirmar que la corporación municipal puede exigir a la empresa el mantenimiento y conservación de las instalaciones hasta que finalice el contrato de concesión.

Según Lorena Zamorano, regidora de Régimen Jurídico, «es una sentencia de trascendencia importante por la duración del contrato, al que le quedan muchos años por delante. Eso permitirá en un futuro requerir a la empresa tantas veces como haga falta el cumplimiento de sus obligaciones de mantenimiento y conservación», postura que ha sido respaldada ahora por la justicia.