Una mujer muestra a ABC en La Habana su cartilla de racionamiento
Una mujer muestra a ABC en La Habana su cartilla de racionamiento - Manuel Trillo

Los cubanos están «abocados a un nuevo periodo de hambruna», alerta un informe

El Observatorio de Derechos Humanos denuncia que el aumento de la escasez de alimentos, así como el déficit de viviendas, las abusivas condiciones laborales y el deterioro de la educación y la sanidad, afectan a los más pobres

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La población de Cuba «está abocada a un nuevo período de hambruna, similar al producido en la década de los años 90 del siglo pasado», alerta un informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) dado a conocer este lunes. El documento se centra en la violación de derechos humanos económicos, laborales, sociales y culturales en la isla durante la primera mitad de este año, en el que precisamente se aprobó una nueva Constitución que apuntala la dictadura, y advierte de que «la autonomía económica de los ciudadanos sigue reducida al mínimo y los índices de pobreza e indigencia no son publicados» por el régimen.

El propio Raúl Castro, que mantiene el cargo de primer secretario del Partido Comunista de Cuba, reconoció el pasado abril que «la situación podría agravarse en los próximos meses» y, aunque indicó que «no se trata de regresar a la fase aguda del Periodo Especial de la década de los años 90», señaló: «Tenemos que estar preparados para la peor variante».

El OCDH recuerda que la escasez de alimentos es «endémica» en Cuba desde 1991 y apunta que «las nuevas normas legalizan la asfixia del productor privado y cooperativo en el campo». Desde mediados del pasado año « aumenta la escasez de alimentos» y productos esenciales como el aceite, la harina de trigo, el arroz, la carne de cerdo y sus derivados, el pollo, el huevo, han pasado a ser intermitentes, regulados en su distribución y producen «angustia alimentaria» entre los habitantes, explica.

Ni siquiera hay acceso al pescado y otros frutos del mar, a pesar de tratarse de una isla, y el proyecto sobre la ley de pesca, presentado el pasado marzo ante el Parlamento, «limita a los pescadores privados frente a la desaparición de la flota estatal desde los años 90 del siglo pasado», agrega.

Aunque esto genera conatos de protesta, son «asfixiados y ocultados en la prensa oficial», mientras que se producen interminables colas de hasta tres horas para lograr hacerse con algo de comida.

«Abocados a un nuevo período de hambruna, el gobierno no facilita la producción de alimentos, sino que sus normas jurídicas van en sentido contrario a las necesidades vitales de los ciudadanos», denuncia la organización.

La tristemente conocida libreta de racionamiento, establecida en 1963, «solo suple algunos productos vitales para 10 días, administrados marcialmente» y el resto del mes los productos esenciales de alimentación y aseo personal «se deben adquirir a precios de mercado, con una oferta muy precaria» en ambos casos, según el Observatorio.

«Esclavitud de batas blancas»

Por otra parte, de acuerdo con el informe, el primer semestre de 2019 «no presenta cambios en las normas para los trabajadores cubanos: todos estos derechos se violan en Cuba».

Entre otros datos, señala que «la exportación de servicios médicos y profesionales, primer renglón de ingresos del país, se ha desarrollado a expensas de violar todos los derechos laborales y civiles de los cooperantes cubanos, plasmados en las convenciones ratificadas ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por el gobierno cubano, y que han sido señaladas por esta organización al gobierno de Cuba de forma reiterada durante años».

Las condiciones de los cooperantes cubanos, que han quedado al descubierto tras el desmantelamiento por el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, del convenio que mantenía su país con Cuba, han sido calificadas por los propios afectados como «esclavitud de batas blancas»: confiscación del 75% del salario mensual por el Estado cubano, sin derecho a la movilidad territorial, opacidad e irregularidad de los contratos, separación de sus familiares y destierro de ocho años para los que no cumplan.

Todas las empresas mixtas de capital extranjero y estatal, así como las de capital total extranjero, están obligadas a contratar a los trabajadores cubanos a través de empresas empleadoras estatales, que confiscan el salario mensual en un 80% o un 96%, según sea la empresa, recoge el documento.

Aunque las cifras oficiales sitúan el desempleo en el 1,7%, no reflejan el subempleo y el paro oculto, «resultado de los salarios más bajos del Hemisferio Occidental», continúa el Observatorio.

El apartado de la vivienda no sale mejor parado. El déficit en este bien básico aumentó a lo largo del año pasado y el primer semestre de este, debido a «la negligencia, los fenómenos climáticos y la ineficiente política pública para aumentar el número de viviendas en el país», comenta. El OCDH recoge estimaciones según las cuales existe un déficit de 1,4 millones de viviendas, «teniendo en cuenta el hacinamiento de varias generaciones, y el 38% reportado en mal estado o regular de las existentes, según la prensa oficial».

Se mantiene la cobertura nacional de educación y sanidad, supuestamente el orgullo del régimen comunista de la isla, pero «la calidad ha seguido en declive en el primer semestre de 2019, en correspondencia con el propio deterioro de la economía nacional y por la exportación masiva de profesionales», matiza el informe. Estos servicios son cada vez más costosos para las familias cubanas. La ausencia de ambulancias y un transporte público «casi paralizado» atentan contra el traslado de enfermos a los hospitales y clínicas, lo que «produce desenlaces evitables», recoge.

Finalmente, sobre la cultura asegura que «la manifestación artística está muy condicionada por la libertad de expresión, otra libertad sistemáticamente violada en Cuba».

Un «panorama desolador»

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos considera que la mejoría en los derechos económicos, laborales, sociales y culturales en Cuba «pasa por el cambio de las leyes, las políticas públicas y las instituciones gubernamentales hacia la liberación del trabajo privado y cooperativo para paliar la endémica falta de recursos del Estado».

«Durante décadas, el gobierno cubano ha basado su propaganda, tanto hacia el interior de la isla como al exterior, en una supuesta promoción y cumplimiento de derechos principalmente sociales y culturales, incluso usando el asunto como escudo ante las críticas por la falta de libertades civiles y políticas -concluye-. Sin embargo, hoy queda al descubierto un panorama desolador en estos derechos, lo que afecta en especial a los más pobres y desvalidos».