Más de 50 médicos del Sergas se ofrecen para valorar discapacidades

El convenio suscrito entre las consellerías de Sanidade y Política Social para reforzar las plantillas de evaluación de discapacidad entrará en funcionamiento en el último trimestre del año , una vez completada la selección de médicos del Sergas que han presentado su candidatura para actuar como valoradores. Con el plazo de preinscripción ya cerrado, y a la espera –informan desde Política Social– de que Sanidade conforme un listado definitivo, el departamento que encabeza José Manuel Rey Varela subraya la «satisfactoria» respuesta de los facultativos: A falta de cifras definitivas, las inscripciones han sobrepasado el medio centenar, superando los refuerzos estimados en función de las necesidades. El siguiente paso será la impartición del curso de evaluación del daño corporal y discapacidad, cuya superación será requisito imprescindible para la incorporación.

En base a este convenio, cuestionado desde las organizaciones sindicales, los profesionales del Sergas voluntariamente adscritos percibirán una cuantía fija por evaluación. Política Social transferirá al Sergas 360.000 euros entre este año y el siguiente para cubrir estos pagos, que se incluirán en el complemento de productividad de los profesionales sanitarios.

Las evaluaciones se llevarán a cabo en los propios centros de salud en los que los facultativos tengan sus consultas aunque fuera de su horario de trabajo. Según las condiciones del convenio, los médicos colaboradores no podrán realizar más de 50 evaluaciones cada mes . Sus informes serán remitidos telemáticamente a las oficinas de las secciones de valoración, evitando a los solicitantes la entrega de documentos. La Xunta confía en que, tras el refuerzo, podrán realizarse unas 1.500 nuevas valoraciones mensuales (del orden de treinta por facultativo).

La experiencia de colaboración entre departamentos será evaluada al cierre del ejercicio. En contra tiene a las organizaciones sindicales, que han anunciado acciones legales contra lo que entienden como una «encomienda de gestión externa» . El comité intercentros reclama el refuerzo de las plantillas de valoración con personal propio y advierte de un posible incumplimiento del real decreto estatal que regula el procedimiento de reconocimiento de discapacidad, al dar entrada a personal ajeno a las secciones de servicios sociales. La intervención de los profesionales del Sergas, sostienen, se traducirá en una pérdida de objetividad de los informes, «que no podrán ser contrastados por los órganos de valoración», y dejará a los trabajadores de los equipos de valoración y orientación de Política Social (EVO) en una situación de inseguridad, en tanto «no se puede exigir a unos profesionales que validen un trabajo que no realizaron» .

Política Social sitúa la iniciativa en el marco de colaboración e integración de los servicios sociosanitarios y defiende su encaje en una orden autonómica de noviembre de 2005, en la que se prevé que el órgano técnico de valoración pueda formular su dictamen en base a informes solicitados a profesionales externos.