La paz laboral que esquiva a Navantia

Los trabajadores de Navantiareclaman cantidades que en algunos casos ascenderían a los 7.000 euros en concepto de asimilaciones, es decir la promoción a puestos superiores que quedó anulada en el cuarto convenio. Un documento que el pasado diciembre tumbaba el Tribunal Supremo cuestionando las intenciones de la empresa al negociar con un interlocutor que, según la justicia, debía reconocer como «no válido». El Comité Intercentros no estaba autorizado para firmar el acuerdo que, tras años de duras negociaciones, quedaba rubricado en septiembre de 2014. Una «jugada maestra por parte de la empresa», de la que la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) es accionista al 100%, que según las fuentes consultadas se le ha vuelto en contra al constructor público.

Ahora deberá restituir las condiciones laborales y económicas a la plantilla en base al tercer convenio marco.

Si bien, la tardanza en su aplicación y el ansiado abono de las cantidades adeudadas por las que esperan los obreros ha generado cierta inquietud. Por este motivo, el pasado día 9 se personaban ante la sede ferrolana de Hacienda para reclamar los pagos y, a su vez, los delegados sindicales de todos los centros preparan, con la fecha todavía por decidir, una concentración ante la sede de SEPI en Madrid, tal y como confirma a este diario Javier Galán, portavoz de la coordinadora sindical de Navantia y presidente del comité de Ferrol. Es la parte visible de unas movilizaciones que paralizan bloques en los centros de trabajo e impiden la entrada de la dirección a las instalaciones, como ocurrió la semana pasada en la ría gallega.

«No sé a qué esperan, ya ha pasado tiempo suficiente desde que el Supremo anuló el cuarto convenio en diciembre y la empresa sigue sin mover ficha», señala el sindicalista a ABC. «Reclamamos que cumpla la sentencia sin mayor dilación y salden la deuda», añade, al tiempo que recuerda que «las negociaciones están rotas sine die». Pendiente de acuerdo está el plan de igualdad, la política de subcontrataciones y la incorporación de los técnicos superiores al convenio. Pero es que «con la actual dirección no es posible dialogar», apunta Galán, que centra sus críticas en la figura de José Manuel Revuelta, presidente de Navantia, a quien se refiere como «el cáncer de esta compañía».

Justifica Galán, y no es el único delegado sindical al que se le ha oído pronunciarse en este sentido, que desde su llegada a la presidencia en 2012 «las pérdidas se han disparado —hasta los 300 millones este año, según sus estimaciones— y a nivel organización es todo un caos». «En Navantia estábamos acostumbrados a acabar un barco y empezar otro», apunta el sindicalista ferrolano, para añadir que «si fuera una empresa privada quedaría cesado de forma fulminante». Y esta es precisamente otra de sus reclamaciones y condicionantes para sentarse de nuevo a negociar, el cese de Revuelta en el que confían por «sentido común».