Análisis
¿Por qué Alcoa prefiere cerrar San Cibrao?
La multinacional alega que las ofertas no son razonables, pero cada vez más voces alertan de que realmente no quiere ceder la fábrica a la competencia
A finales de mayo se hacía oficial la intención de Alcoa de clausurar la última fábrica de aluminio primario que queda en España, después de la venta de las plantas de La Coruña y Avilés. Pero las señales de alarma ya se habían encendido meses antes debido a los altos precios de la energía que ponían en jaque a toda la industria electrointensiva. Pese a la aparición de un comprador para la factoría de A Mariña en este caso la operación no se ha cerrado . ¿Por qué?
Los argumentos de Alcoa
La multinacional estadounidense justifica su decisión en las pérdidas que genera la planta. En 2019 alcanzaron los 63 millones de euros. Además asegura que existe una sobreproducción mundial de aluminio , sobre todo por la irrupción de los productores chinos en el mercado que tiran a la baja los precios. Alcoa quiere parar las cubas de electrólisis, que son las que más energía consumen. Ya lo hizo en La Coruña y Avilés, pero todavía no se han reactivado . Ponerlas de nuevo a funcionar es un proceso caro.
Las exigencias de Liberty
Alcoa no recibirá contraprestación económica del grupo inglés Liberty House por el traspaso de la factoría. En principio habían acordado que la venta se sellase por un único euro. Además tiene que poner dinero encima de la mesa para que la planta se pueda separar de la refinería de alúmina que la abastece de materia prima y también en las inversiones necesarias para adaptar las instalaciones a una nueva forma de producción alimentada por energías renovables. Liberty, siempre según Alcoa, pedía 170 millones de dólares. Los estadounidenses aseguran que ofrecían 100.
¿Qué ganaría Alcoa?
Pese al desembolso, la operación podría interesar a la multinacional. El cierre implica pagar las indemnizaciones de los 534 trabajadores despedidos y además tendrá que sufragar los gastos de desmantelamiento de las instalaciones de San Cibrao.
El papel de la alúmina
La fabricación de aluminio supuso pérdidas a la multinacional en 2019, pero la fábrica vecina de alúmina logró 46 millones de beneficios. El papel de la refinería es clave en todo el proceso. Liberty quería comprarla, pero Alcoa que es propietaria solo del 60%, se cerró en banda. Tampoco quiso realizar un contrato a más de 5 años ni con el grupo inglés, ni con la SEPI. El control del suministro de materia prima parece un elemento clave para poder ejercer cierta influencia sobre Liberty en el futuro. Alcoa asegura que la oferta de sellar un pacto a 20 años no es razonable.
¿No quiere competencia?
Alcoa niega que este sea el motivo por el que no quiere vender. Asegura que la gran mayoría del aluminio que se usa en España ya es importado . Sin embargo, fuentes conocedoras de las negociaciones y los propios trabajadores han apuntado en varias ocasiones a esta posibilidad para explicar la negativa de Alcoa a alcanzar un acuerdo con Liberty House y ahora también con la SEPI.
Medidas menos amistosas
¿Qué puede hacer el Gobierno para evitar el cierre de la factoría de San Cibrao? Desde el ejecutivo de Pedro Sánchez ya se amenazó hace unos meses a la multinacional a que le obligaría a devolver 800 millones de euros en ayudas públicas que estaban condicionadas al mantenimiento del empleo. Alcoa no reconoció esta cifra y aseguró que como mucho el montante en los últimos diez años alcanzaría los 43 millones. También se ha especulado con la posibilidad de que el Gobierno presionase a Alcoa por la concesión del puerto de San Cibrao, a donde llegan los barcos cargados de bauxita para producir la alúmina, o se pusiese serio con la balsa de lodos rojos de la factoría, que los ecologistas tachan de auténtica bomba medioambiental.
La expropación
La intervención pública de la factoría es una medida que reclaman con insistencia los trabajadores. El Gobierno lo intentó con la oferta de compra a través de la SEPI, pero rechazada esa vía tendría que recurrir a la expropiación. El proceso no sería sencillo porque arrebatar la propiedad debería ser convenientemente justificado. Paradójicamente, la factoría pertenecía a la empresa pública Inespal hasta que en el año 98, Alcoa compró su veintena de fábricas por 388 millones de euros. Ahora el Ejecutivo tendría que asumir las pérdidas en las que incurre la factoría mientras no se pone en marcha el plan previsto para mejorar su rentabilidad. Para ganar tiempo se podría también intentar paralizar el ERE por la vía judicial.
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