Imagen de la consellera Carmen Montón junto al presidente de la Generalitat
Imagen de la consellera Carmen Montón junto al presidente de la Generalitat - MIKEL PONCE
POLÍTICA

Sanidad pone al frente de un hospital público a la dueña de un centro de estética que pasa consulta

El nombramiento de Rosa Mora en San Vicente del Raspeig es provisional y se suma al goteo de designaciones controvertidad de la consellera Montón

VALENCIA Actualizado: Guardar
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La controversia por la política de nombramientos de altos cargos en los hospitales públicos de la Comunidad Valenciana a cargo de la consellera de Sanidad, Carmen Montón, (miembro del comité federal del PSOE) ha escrito un nuevo episodio rocambolseco. En este caso, Montón ha situado como directora del Hospital de San Vicente del Raspeig Alicante) a una médico que se copropietaria de una clínica privada de estética en la que todavía pasa consulta. Según avanza este jueves el Diario Información, Rosa Mora, cuyo nombramiento es todavía provisional ya que, al contrario de lo que ha sucedido con otros directores de hospitales, no ha sido publicado por el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana (DOCV), sigue trabajando en su clínica.

Esta situación infringe el artículo doce de la ley de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas. La Conselleria, de acuerdo con la citada información, ha anunciado la apertura de un «expediente informativo».

En la línea de los nombramientos polémicos, conforme publicó ABC este martes la Conselleria de Sanidad ha vuelto a situar a un exdirigente del PSPV al frente de la dirección de un hospital público mientras el sindicato Comisiones Obreras denuncia "demoras injustificables" en los procedimientos para cubrir puestos de trabajo en el departamento que dirige Carmen Montón.

Este martes, el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana publicaba el nombramiento por el proceso de libre designación de Gustavo Ramírez de Aguilera Fernández como director de centro del Hospital Doctor Moliner. El nuevo directivo fue concejal del PSPV (el partido de la consellera) en la localidad valenciana de Ribarroja y miembro de la Federación de Servicios Públicos de UGT.

Este caso se suma al de una decena de excargos socialistas en varios centros y hospitales de la Comunidad Valenciana denunciados por el PP. En este sentido, las Cortes Valencianas estudiarán los casos de enchufismo en los puestos directivos de los hospitales de la Comunidad Valenciana. La propuesta del PP, con el apoyo de Ciudadanos y la abstención de Podemos (lo que ha propiciado que PSPV y Compromís quedaran en minoría con el voto en contra) insta a la Generalitat a crear una comisión de seguimiento de los 202 nombramientos de altos directivos en los centros por parte de la Conselleria de Sanidad.

El caso más controvertido es el de la exsenadora del Partido Socialista de Cataluña (PSC) Mónica Almiñana como gerente de La Fe. Al no cumplir con el requisito de ser personal estatutario -tener plaza de funcionaria en la Sanidad valenciana-, Montón decidió convocar un concurso con unas bases «a medida» para que Almiñana pudiese optar. Pero se presentó otra aspirante, la psiquiatra Mayte Lázaro, a quien finalmente rechazó la comisión de valoración, como esperaba, y ha llegado a presentar un recurso contencioso contra la decisión de la Conselleria.

A este le siguieron el de una candidata en la lista de Compromís por Picanya durante las pasadas elecciones municipales como subdirectora médica del Hospital de Llíria y el de un integrante de la lista de Podemos para las autonómicas como subdirector médico del Arnau de Vilanova.

Entre las contrataciones a dedo también se encuentran las de una decena de miembros del PSPV ascendidos a gerentes o jefes de departamento en hospitales o centros de salud. La mayoría de ellos son exalcaldes y exconcejales de localidades como Sagunto, Castellón, Elche o Valencia. Especialmente destacado es el caso del exprimer edil de Benimodo, quien ocupa la subdirección general de Recursos Económicos de la Conselleria. Está imputado por un delito contra el Patrimonio y la fiscalía pide para él más de dos años de cárcel.

Los socialistas siempre han defendido la «legalidad» de todos los procedimientos establecidos y en su momento rechazaron la propuesta del PP de crear una comisión de seguimiento.

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