Persona «non grata», un arma populista sin alcance real

Aunque es el Derecho internacional el que regula en el marco de las relaciones diplomáticas la posibilidad de que un Estado declare persona «non grata» a alguien de otro país —amparado por aspectos jurídicos bien definidos—, no es necesario traspasar las fronteras nacionales para hallar este tipo de pronunciamientos a través de declaraciones administrativas.

Así ha sucedido con el presidente del Gobierno en funciones que, tres meses después de ser agredido por un pontevedrés durante un paseo electoral, recibe ahora otro mazazo, si cabe más doloroso, en la localidad gallega. La iniciativa de hostilidad promovida por la mayoría de izquierdas del Ayuntamiento de Pontevedra «ha castigado» a Mariano Rajoy por la permanencia de la papelera de Ence en la ría de la ciudad del Lérez y le ha declarado persona «non grata».

Impulsada por el PSOE, la declaración fue recibida con los brazos abiertos por la Marea y el BNG, que aprobaron en el pleno del pasado 22 de febrero la moción, pese al profundo rechazo del Partido Popular. Rajoy, en una entrevista a 13 TV, admitió haber recibido con «mucho dolor» la noticia que le hace sentir ingrato en una ciudad querida a la que regresa para descansar siempre que tiene ocasión. De hecho, es la primera persona en ser declarada «non grata» en la localidad gallega: «Ni a Hitler ni a Stalin los declararon así en Pontevedra», ha confesado en Antena 3. Pero el alcalde socialista espera que con esta medida Rajoy «sienta vergüenza» cada vez que vuelva.

Pese a la polémica que ha suscitado, el líder de los populares no es el único repudiado con una afrenta de este tipo en España. De hecho, echando la vista atrás casi parece que algunos consistorios han emprendido una particular caza de brujas contra dirigentes del PP.

Una caza de brujas contra la cúpula del PP

Ya en 1995, y antes de llegar a la presidencia, José María Aznar recibió un trato similar, en este caso por parte del Ayuntamiento de Bunyola (Mallorca), que justificaba el oprobio por «su conducta contraria al futuro de la humanidad y su agresión a la lengua propia de la isla».

La moción, presentada por el PSM-Nacionalistas de Mallorca, fue apoyada por los dos concejales de este grupo, además de los tres de Independents de Bunyola, uno del PSOE y, curiosamente, otro del PP, que se desmarcó en la votación del resto de ediles del partido de Aznar. Pero no fue el único Gobierno local en «castigar» al expresidente. En 2003 lo hicieron el de Pobleda (Tarragona) y el de Santpedor (Barcelona), por el apoyo prestado a Estados Unidos en su intervención en Irak.

Este tipo de afrentas contra la cúpula de los populares se puede considerar ya una tradición por parte de algunos municipios españoles. Estos no solo han declarado personas non gratas a políticos que han llegado a presidir el país, también a ministros. Como el pronunciamiento exprés que sufrió Ana Pastor en 2013, cuando el Ayuntamiento de Vitoria la declaró persona non grata por espacio de dos horas por los recortes en el Aeropuerto de Foronda. Poco duró la iniciativa, revocada por el entonces alcalde de la localidad Javier Maroto.

El titular de la cartera ministerial de Energía, Industria y Turismo, José Manuel Soria, también sufrió en carne propia esta consideración, no una, sino en dos ocasiones. La primera llegó de la mano del Consistorio canario de Arrecife en junio de 2014 por las prospecciones petrolíferas que el Gobierno tenía intención de efectuar en las islas; la segunda, nueve meses más tarde, la emprendió el municipio leonés de La Robla por unanimidad, al considerarlo el principal defensor de las políticas que llevaron a la minería del carbón a una situación comprometida. Por su parte, fue Bellreguard (Valencia) el municipio que, en repulsa por la ley de Educación, hizo figurar como persona «non grata» a José Ignacio Wert, uno de los ministros más controvertidos del Gobierno de Rajoy.

Un debate para los tribunales

«Que estas declaraciones no persigan establecer regulaciones jurídicas no quita que afecten a los derechos e intereses legítimos de las personas a las que se refieren», publica Gabriel Doménech Pascual, doctor en Derecho por la Universidad Cardenal Herrera CEU de Valencia, en la Revista General de Derecho Administrativo. Y así lo reconocen inequívocamente los tribunales, que a pesar de amparar en algunas ocasiones este tipo de declaraciones, sí han admitido y estimado varios recursos contencioso-administrativos contra ellas. El debate está servido.

Mientras la sentencia 185/1989, de 13 de noviembre del Tribunal Constitucional estima «que no puede considerarse atentatorio contra el honor del recurrente» porque la decisión municipal «constituye una apreciación subjetiva de los miembros de la Corporación» que «no significa por sí misma la atribución al actor de cualidades desmerecedoras del aprecio o estima públicos», existen otro tipo de dictámenes que reflejan la ambigüedad a la que este tipo de mociones municipales están sometidas.

Tal y como recoge esta publicación, el jurista Luis María Diez-Picazo sostiene que sí debería considerarse una intromisión ilegítima en el derecho al honor porque «la imputación de hechos o la manifestación de juicios de valor a través de acciones o expresiones» puede lesionar «la dignidad de otra persona, menoscabar su fama y atentar contra su propia estimación». Y así lo establece el Tribunal Constitucional en la sentencia 49/2001, de 26 de febrero, que declara que este derecho «ampara la buena reputación de una persona, protegiéndola frente a expresiones o mensajes que puedan hacerla desmerecer en la consideración ajena al ir en su descrédito o al ser tenidas en el concepto público por afrentosas». La declaración de persona «non grata» no está considerada, precisamente, como un piropo. De hecho, y según el Tribunal Supremo, posee «un significado estigmatizante, con incidencia en la esfera moral y patrimonial del destinatario, que puede ver, incluso, deterioradas sus expectativas profesionales».

Más allá de la política

Aunque este tipo de mociones han sido azote de los populares en numerosas ocasiones, los municipios no limitan sus listas negras a la derecha nacional, ni siquiera al ámbito político. Dos Monarcas, tanto el Rey Emérito como Felipe VI, han sido víctimas de este tipo de dictámenes. Juan Carlos I fue declarado persona «non grata» por el Ayuntamiento de Berga (Barcelona) en 2012, después de que la moción se aprobase con los únicos votos de la CUP. Culpan al padre del actual Monarca de no ser Rey «como resultado de un proceso democrático sino justo al contrario, como consecuencia de la herencia dictada por su antecesor Francisco Franco». Cataluña rehúye de sus fantasmas. Incapaz de mirarse a sí misma, desvía la atención, y por eso rechaza incluir en su lista negra a Jordi Pujol, a pesar de los casos de corrupción en los que se ha visto envuelto el expresident. Sí se fijan, sin embargo y de forma repetida, en la Casa Real, declarando persona «non grata» también a Felipe VI. Así lo ha considerado el Consistorio de Breda (Gerona), alegando que su figura representa a un «Estado que impide el libre ejercicio del derecho a decidir del pueblo de Cataluña», y también el de Arenys de Munt, que siguió hace apenas unas semanas los pasos de Breda.

Otra localidad del sur de Galicia, en este caso Vigo, declaró persona «non grata» al excomisario de Competencia de la Unión Europea por las continuas afrentas a la economía olívica. El oprobio se produjo después de que Joaquín Almunia aprobase una iniciativa que exigía al sector naval la devolución de las ayudas comunitarias percibidas.

Incluso el obispo Reig Plà fue declarado persona «non grata» para Alcalá de Henares en 2012, después de un desafortunado comentario en el que hablaba de una «terapia» para curar la homosexualidad de jóvenes a los que calificaba de «desviados». Nadie se libra del yugo municipal, a pesar de que el alcance real de las mociones impulsadas por algunos ayuntamientos está más que cuestionado por el reglamento jurídico.