El PP de Madrid pagó tres campañas con cinco millones de euros de su caja B

La investigación de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) apuntala la financiación ilegal del Partido Popular de Madrid a través de Fundescam, fundación ligada a la formación política. Un exhaustivo informe de la Policía Judicial incoporado al sumario y validado por la Fiscalía Anticorrupción y por el juez Velasco sostiene que el PP gastaba sistemáticamente en las campañas más dinero del declarado ante la Cámara de Cuentas, para lo que recurrió a una caja B, manejada por Francisco Granados, entonces secretario general, y por Beltrán Gutiérrez, el gerente del PP de Madrid.

Se trata de las campañas de las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y 2011 y las generales de 2008 (los actos organizados por el PP de Madrid).

Según el cálculo de la UCO, el PP usó casi cinco millones de euros de la caja B para asumir los excesos de gasto: 2.685.000 euros en 2007; 685.000 euros en 2008; y 1.546.000 euros en 2011, aproximadamente.

El partido habría obtenido estos fondos por varias vías: donaciones en metálico, desvío de facturas electorales a empresas adjudicatarias de concursos públicos y pago de gastos de las campañas con el dinero que recibía Fundescam de la Comunidad de Madrid para organizar cursos de formación para los trabajadores.

Los investigadores han acreditado los pagos en casos concretos, cruzando las anotaciones del tesorero con las cuentas de Fundescam y las facturas abonadas por las empresas. Así, la fundación del PP pagó en 2007 directmente 209.985 euros a las empresas que trabajaban para la campaña electoral, a quienes se les daba instrucciones sobre cómo facturar.

En otro caso, Fundescam pagó 240.000 euros a la mercantil Escuela Europea de Dirección de Empresas S.L. para, en teoría, cursos de formación, pero a continuación la empresa pagó una cantidad idéntica, repartida en tres facturas, a los proveedores electorales del partido.

Los agentes de la UCO inciden que el dinero que se desviaba de Fundescam procedía en gran parte de subvenciones públicas, como los 200.621 euros que Ignacio González -detenido en la operación Lezo, la trama que anidó en el Canal de Isabel II- adjudicó a Fundescam en 2008 como vicepresidente de la Comunidad de Madrid para impartir cursos de formación. O los 127.850 de 2011. Francisco Granados y Beltrán Gutiérrez, en nombre de Fundescam, justificaban la subvención con cursos de formación ficticios, que no se celebraban, y destinaban el dinero al pago de los excedentes de las campañas electorales: «A través de la emisión de facturación por operaciones mercantiles inexistentes -como la celebración de cursos que no se habrian realizado- a la Fundación FUNDESCAM, se habría reducido deuda contraída por el Partido Popular de Madrid en relación con gastos electorates de las elecciones Generales del año 2008, los cuales serian abonados finalmente a través de una subvención pública concedida por la Comunidad de Madrid», asegura el informe.

Los agentes de la UCO sostienen que este esquema se repitió calcado en las campañas de 2007 y 2008, y de forma no tan evidente en la de 2011, cuando tomaroin precauciones «por el estallido del caso Gürtel».

Los fondos que se desviaron de Fundescam también procedían de Caja Madrid, que realizaba puntuales donativos a la fundación, como los 178.434 aportados en 2007. Un escrito de Anticorrupción asevera que «Fundescam fue un instrumento muy activo de financiación irregular del partido», desviando las subvenciones públicas que recibía de la CCAA de Madrid a la financiación de los proveedores del partido.

En otros casos, adjudicatrias de concursos públicos del Servicio de Salud de Madrid pagaban facturas falsas a una empresa intermediaria, Over marketing, y esta abonaba los gastos de las campañas.