La Fiscalía, forzada a pronunciarse sobre la demanda multimillonaria contra los líderes del 'procés'
El Tribunal de Cuentas admite a trámite la reclamación promovida por Sociedad Civil Catalana después de que la Abogacía del Estado decidiera no actuar contra Puigdemont, Mas, Junqueras y otros 9 ex altos cargos independentistas
La Fiscalía tendrá que pronunciarse en los próximos días sobre la multimillonaria reclamación que Sociedad Civil Catalana (SCC) ha conseguido cursar ante el Tribunal de Cuentas (TCu) contra los cabecillas independentistas catalanes, por los fondos desviados desde la Generalitat para financiar la rebelión secesionista de 2017. El TCu acaba de admitir a trámite la demanda, lo que ahora fuerza a la Fiscalía a decir qué posición adopta, lo que tendrá un considerable peso en el horizonte procesal al que se enfrentan los cabecillas independentistas por la presunta malversación de millones de euros de dinero público .
El paso que ahora tiene que dilucidar el fiscal pone al Gobierno en el foco, por partida doble : por sus pactos con los independentistas y por los tentáculos de Moncloa en la Fiscalía . Este control político llegó a verbalizarlo públicamente el presidente Sánchez , que colocó y mantiene a la exdiputada y exministra socialista Dolores Delgado como fiscal general del Estado.
En enero, la Abogacía del Estado decidió retirarse del caso y no exigir responsabilidades económicas a quienes lideraron el ‘procés’ independentista. Tras aquel controvertido paso que dio el brazo jurídico del Estado que controla el Gobierno, Sociedad Civil Catalana ha conseguido mantener viva la causa judicial ante el TCu, a través de una demanda que formalizó hace un mes, en la que reclama un total de 5,3 millones de euros a los expresidentes catalanes Artur Mas y Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras y otros nueve exconsejeros independentistas de la Generalitat. Ahora, el Tribunal de Cuentas ha admitido a trámite esa demanda, lo que fuerza, de inmediato, a que la Fiscalía se pronuncie al respecto en un plazo máximo de veinte días. Es decir, que diga si se suma o no a la acción promovida por Sociedad Civil Catalana y, en su caso, en qué términos.
El trámite procesal establece que, una vez admitida a trámite, la demanda se notifica a las partes. Y eso es lo que acaba de hacer el Tribunal de Cuentas, según informó este miércoles. Tras retirarse la Abogacía del Estado, las partes que quedan en el proceso son SCC –que ejerce la acción popular–, la Fiscalía y los 11 acusados: junto a Mas, Puigdemont y Junqueras, completan la lista los exconsejeros catalanes Dolors Bassa, Antoni Comín, Neus Munté, Jordi Turull, Raül Romeva, Clara Ponsatí, Lluis Puig y Francesc Homs . La Generalitat, pese a ser la Administración directamente perjudicada por la malversación que se dilucida, no actúa contra los acusados.
Millones malversados
Este proceso que se sigue en el Tribunal de Cuentas deriva del juicio penal del ‘procés’, que condujo a la sentencia condenatoria dictada en 2019 por la Sala Segunda del Tribunal Supremo . Esa sentencia llevó a prisión a los cabecillas del golpe independentista, pero el Gobierno de Pedro Sánchez los excarceló con sus polémicos indultos de junio de 2021.
El Tribunal Supremo dictó condena penal por sedición, pero las responsabilidades pecuniarias por la malversación de fondos quedaron a expensas del Tribunal de Cuentas. A estas alturas, los cabecillas del golpe aún no han tenido que responder por ello. El TCu abrió diligencias previas, que culminaron hace escasos meses, momento en el que tocaba que se promoviera o no el procesamiento de los acusados por responsabilidad contable. Y ahí, en ese momento clave, fue cuando la Abogacía del Estado decidió retirarse del caso y no actuar contra los líderes del ‘procés’.
SCC ha quedado, de esta forma, como único promotor civil de la reclamación económica a los cabecillas del golpe independentista, por el dinero público que utilizaron para su hoja de ruta secesionista que condujo al referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, y los fondos públicos que con el mismo objetivo canalizaron a través de las redes de acción exterior de la Generalitat.
Las indagaciones hechas hasta ahora han permitido identificar al menos 5,3 millones de euros de dinero público utilizado por la Generalitat para esos ilícitos fines independentistas . Eso es, al menos, lo que SCC considera que ha podido cuantificarse con indicios suficientemente sólidos –aunque no se descarta que los fondos realmente desviados fueran más–.
Sánchez y sus tratos con el independentismo
Los pactos trabados por Pedro Sánchez con Podemos y las formaciones independentistas para llegar y mantenerse en La Moncloa ha reportado beneficios directos a los condenados por el ‘procés’. Los indultos con los que esquivaron la cárcel menos de dos años después de haber sido condenados lo evidenció. Pero no fue lo único. El pasado otoño, tras insistentes maniobras en ese sentido, el PSOE logró que el PP aceptara una renovación de órganos constitucionales que incluyó al Tribunal de Cuentas. El pacto fue sellado entre el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el por entonces secretario general del PP, Teodoro García Egea, mano derecha de Pablo Casado en la cúpula del partido.
La renovación en el TCu permitió, entre otras cosas, colocar al frente de este órgano de fiscalización y de jurisdicción contable a Enriqueta Chicano . Y también reajustar los nombres en espacios clave de este organismo, del que fue apartada la magistrada Margarita Mariscal de Gante , ministra en los tiempos de Aznar, de reconocido perfil jurídico y que tenía un papel protagonista en procesos abiertos en el Tribunal de Cuentas contra dirigentes independentistas. Fue apartada en noviembre, justo cuando el caso encaraba el enjuiciamiento que ahora trata de mantener vivo Sociedad Civil Catalana.
Otro botón de muestra de este giro en el TCu llegó hace escasas semanas, a finales de febrero, cuando el Tribunal de Cuentas reculó para cambiar por completo su criterio y permitir que la Generalitat pudiera cubrir con dinero público las fianzas de los encausados por la presunta malversación de caudales públicos catalanes. Escasos meses antes, el Tribunal de Cuentas había dicho que eso no era posible, pero en febrero cambió por completo el criterio y adoptó una posición inédita: permitir que, ante la Justicia, la Administración perjudicada avale económicamente a sus presuntos perjudicadores, a los que además no exige responsabilidades en el proceso judicial en el que están incursos.
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