¿Quien la hace la paga?

Tomarle las medidas a la corrupción política en España es una tarea casi imposible. Lo sabe muy bien el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, instructor de numerosas causas que atañen a líderes políticos y a sus partidos por hacer un uso ilícito de sus cargos. Causas que se cuentan por años y tomos de investigación y de las que no se atisba el final, con la cuenta atrás para la prescripción de muchas de ellas amenazando su labor.

Los imputados se cuentan ya por (dos) miles, los condenados, por (dos) cientos, y las causas que instruyen los juzgados superan las 1.600. La sensación de impunidad puede no ser solo una sensación. Tirando de hemeroteca, la mayoría de condenados no está entre rejas, bien porque sus delitos prescribieron, bien porque la pena impuesta les permitió eludir la cárcel.

Los últimos datos que hizo públicos el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) están fechados en abril del pasado año. Los juzgados españoles instruían entonces hasta 1.661 causas relacionadas con delitos de corrupción política y financiera. En ese momento, el órgano de gobierno de los jueces presentaba un informe sobre las necesidades de los juzgados que tramitan causas de corrupción y alertaba de la «preocupación» que genera este tipo de delitos en la sociedad. Una preocupación que ha ido aumentando barómetro a barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) hasta consolidarse como el segundo asunto que más preocupa, siempre por detrás del paro, —lo que no es de extrañar, dada la dolorosa tasa de desempleo española—.

Tras la Operación Púnica, la última gran trama de corrupción municipal y regional conocida, son más de 1.900 las personas imputadas y al menos 170 las condenadas en más de 130 causas en esta última legislatura, según los datos que ha recabado Europa Press. La agencia de noticias apunta a que la mayoría de los condenados no están en prisión.

Entre los salpicados por este «barro» de corrupción que amenaza con enfangar toda la vida pública hay exvicepresidentes del Gobierno, como Rodrigo Rato y Narcís Serra, exministros como Magdalena Álvarez o Ángel Acebes, hija y yerno del Rey Don Juan Carlos, Doña Cristina e Iñaki Urdangarín, excaldes como Santiago Ángel Currás, extesoreros de partidos como Luis Bárcenas, expresidentes regionales como Jaume Matas... la lista parece interminable.

Escasas condenas

Una de las mayores sentencias por delitos de corrupción fue la que condenó a dieciséis años de cárcel al exconsejero del Gobierno balear Josep Juan Cardona, ratificada recientemente por el Tribunal Supremo. El excolaborador de Jaume Matas está en la cárcel de Ibiza desde el 30 de julio del pasado año, un día después de la condena impuesta por la Audiencia Provincial de Palma.

Sin embargo, los condenados siguen siendo una minoría. Las causas se prolongan años, dada su complejidad y la saturación de los juzgados —sirva de ejemplo el caso de los ERE fraudulentos en Andalucía, con 229 imputados, y sobre el que la Fiscalía ha pedido recientemente que sea fraccionado para que no sea inabarcable—, y la mayoría siguen abiertas.

La última Memoria de la Fiscalía hablaba en el apartado dedicado a la Fiscalía Especial contra la corrupción y la criminalidad organizada, creada en 1995, de 312 procedimientos judiciales en 2013, algunos de ellos incoados en 1997. Ello quiere decir que se siguen investigando delitos que se cometieron hace 16 años.

Entre rejas, apenas una treintena. En casos como el del expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, —sentenciado a cuatro años por fraude fiscal—, el motivo es que se pide el indulto al Gobierno y no se produce el ingreso. En otros, porque las penas son inferiores a dos años de cárcel y no hay antecedentes, o porque el castigo es una multa o la inhabilitación.

En cuanto al número de años de prisión efectiva, el número uno del ránking español lo sigue ocupando Luis Roldán. El exdirector general de la Guardia Civil, la cara más visible de la corrupción durante el último gobierno de Felipe González, estuvo diez años en la cárcel. Salió en 2005 con un permiso para trabajar, a medio camino entre el segundo y el tercer grado penitenciario. Saldó su cuenta con la Justicia en 2010, aunque los diez millones de euros de los que se apropió siguen sin aparecer.

De entre los que sí están encarcelados destaca el expresidente balear Jaume Matas, aunque puede pasear por las calles gracias a un tercer grado recientemente concedido que ha despertado polémicas, si bien es cierto que el «popular» tiene aún varias causas abiertas y cumple condena sólo por una de ellas, el Palma Arena, quizás de las menores. Precisamente Matas ocupa puesto privilegiado en otro ránking: el de mayor número de procesos abiertos; al menos cinco.

También María Antonia Munar, expresidenta del Consell de Mallorca, aparece en ambas listas: está condenada por los casos Maquillaje y Can Domenge y aún tendrá que dejar la cárcel para sentarse en el banquillo, imputada por otras causas.

Recluído está también el exalcalde de Marbella, Julián Muñoz, por uno de los casos de corrupción más sangrantes —por la cantidad de lo defraudado—, el «Caso Malaya». Y José María del Nido, expresidente del Sevilla Club de Fútbol, por prevaricación, malversación y fraude.

En prisión, aunque preventiva, está el extesorero del PP Luis Bárcenas, protagonista de la trama de corrupción que amenaza al partido del Gobierno, el caso Gürtel, y su derivada que aún está empezando a desenredarse, los llamados «papeles de Bárcenas». La misma suerte ha corrido su compañero de partido Francisco Granados, cabecilla del último escándalo, la «operación Púnica» y que aún no ha sido juzgado.

Pero los hay que, aunque señalados, aún no han sido acusados formalmente de delito. Por ejemplo, el expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, que confesó poseer varias cuentas en Suiza por las que no declaraba al fisco, y también varios de sus hijos; todo un clan familiar bajo la sombra de la sospecha. También los expresidentes andaluces, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, aforados sobre los que tendrá que pronunciarse el Supremo.