El juez archiva la causa contra Spottorno y otros 11 usuarios de las «tarjetas black»

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha archivado la causa contra doce usuarios de las tarjetas opacas de Caja Madrid y Bankia, entre ellos el ex jefe de la Casa del Rey Rafael Spottorno, por considerar que se las entregaron como parte de su retribución al ser empleados por cuenta ajena de la entidad. El fiscal del caso, Alejandro Luzon, era partidario de esta decisión.

En el auto, el juez distingue entre estos usuarios de las Visas B -con las que los 82 ex altos cargos gastaron un total de 15,5 millones- y los directivos que formaban parte del consejo de administracion o la comision de control. En el caso de estos doce usuarios, la investigación ha dejado claro que la tarjeta era parte de su paquete retributivo

, entre otras cosas porque ya tenían otra «tarjeta de empresa» dedicada a los gastos derivados de su cargo.

Otra razon que apoya la tesis de que las Visas eran parte del salario -y que, como tal, podían destinarse a lo que les viniera en gana- es que las tarjetas investigadas contaban con un pin o clave que les permitía a los usuarios sacar dinero en metálico del cajero, «lo que resulta razonable si conceptuamos las tarjetas como parte del paquete retributivo», afirma el juez.

Partícipes a título lucrativo

Aún así, el magistrado mantiene a los doce usuarios en la causa como partícipes a título lucrativo: el juez considera que, sin saberlo, se lucraron de una supuesta actividad delictiva. Podrían así ser condenados a devolver el dinero en el juicio.

Esto es así porque el magistrado explica que el esquema de las llamadas tarjetas 'black' -el concepto, la entrega, el funcionamiento y la ocultación a los órganos de control, así como a Hacienda- puede suponer la comisión de un delito de adminiatración desleal por parte de los administradores de la caja.

Según el juez, el instructor del caso Bankia y de esta pieza separada, las tarjetas investigadas se otorgaron fuera del «circuito ordinario» de las tarjetas de empresa y con una «discrecionalidad» en sus condiciones impropia de las entidades protagonistas: Caja Madrid y Bankia. Todo ello, además, de espaldas a Hacienda.