La Junta reconoce el retraso y culpa al Gobierno Central

Desde la Delegación Provincial de Salud y Bienestar Social reconocieron la «ralentización» en la tramitación de los expedientes de dependencia si bien lo achacaron a los recortes que «ha impuesto el Gobierno de la Nación». Desde el departamento andaluz insistieron en que el Gobierno «está retirando progresivamente la financiación a la Ley de Dependencia. Si el compromiso era que el Estado aportara el 50% y la comunidad autónoma el otro 50%, la realidad es que el primero sólo está aportando hoy por hoy el 25%, por lo que la Junta ha tenido que asumir el 75% restante. Esto unido al objetivo de cumplimiento obligado en el déficit de las autonomías ha provocado problemas de tesorería en la Junta que derivan en esa ralentización». En cualquier caso, la Junta aseguró que está haciendo un verdadero esfuerzo por mantener las prestaciones.

La situación de la familias, acuciadas por la crisis económica, está provocando que muchas de ellas tienen problemas para poder mantener a los mayores dentro de las residencias o en la unidades de estancia diurna. Los casos van desde el recorte en las prestaciones de la Ley de Dependencia, la paralización de la solicitudes para recibir estas prestaciones o no cubrir las plazas concertadas que se disponen.

Incluso, existen casos de familias que tienen que sacar a los ancianos de los centros para poder mantenerse con su pensión.

Uno de los fenómenos que se está observando en los centros privados de mayores es el ajuste en los precios que se están llevando a cabo para evitar que salgan de las residencias. Cristina Jiménez, directora de la Unidad de Estancia Diurna Santa María del Mar, resume los problemas que tienen con una sola frase «estamos aguantando la situación».

Jiménez asegura que, de momento, «de nuestro centro no han sacado todavía a ningún anciano. Sí me han comentado varios compañeros en muchas ocasiones que se están sacando a mayores de las residencias por la falta de recursos que tienen las familias».

Para ello, la directora de esta unidad de estancia afirma que «en casos extremos, hemos negociado con las familias y hemos ofrecido precios bajos. Tenemos, incluso, a familias que mantienen deudas con nosotros, pero no hemos echado a nadie del centro porque no nos gustaría tener que llegar a esa decisión por impagos».

Unos problemas que se incrementan, ya que, para Cristina Jiménez, «estos servicios son una necesidad básica para muchas familias y tienen que hacer verdaderos equilibrios económicos para poder meter a los mayores en los centros».

A pesar de todas las adversidades, la directora de Santa María del Mar explica que «nosotros intentamos dar una buena calidad en nuestros servicios y no la queremos bajar. Tenemos que hacer muchos ajustes para poder seguir ofreciendo la misma calidad».

Una situación similar la está viviendo Yolanda Borga, trabajadora social de la residencia Adema. En este centro también se ha tomado la decisión de adecuar los precios a las necesidades de las familias. «Nosotros tenemos un precio establecido y hay familias que no llegan. La empresa se ha tenido que ceñir a las necesidades del mayor y nos hemos amoldado a sus recursos, por lo que se llega a un acuerdo para reducir el coste de la plaza».

Una de las dificultades por la que las familias pasa es la tardanza en las resoluciones para la prestación vinculada al servicio que ayuda a pagar solo una parte. «Hay mayores que han entrado este año en el centro y que todavía no tienen la resolución. Si tienen pensiones de entre 600 y 700 euros, no pueden hacer frente a la totalidad de la plaza y las familias tienen que afrontar la diferencia, que puede ir entre los 300 y los 500 euros», argumenta.

Por ello, Yolanda valora que «las familias están haciendo un sobreesfuerzo para poder mantener a los ancianos en el centro». En cuanto a la situación futura provocada por los recortes, la trabajadora social afirma que «pocos recursos se van a ofrecer y siempre salen perjudicados los mismos».