La Justicia tendrá que revisar en Cádiz casi 2.000 expedientes de ejecución hipotecaria

Europa ha provocado una revolución en España en materia hipotecaria con la sentencia sobre las cláusulas abusivas que fijan las entidades de crédito pero, al mismo tiempo, abre un espacio en el tiempo que nadie, de momento, se atreve a cerrar. Mientras que el Poder Judicial estima que su cumplimiento debe ser inminente, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, alude a la reforma de la actual ley para adaptarla a la normativa comunitaria. Mientras tanto, los jueces se toman su tiempo, ya que ni siquiera saben si la sentencia tiene o no carácter retroactivo. En cualquier caso, el fallo europeo deja en el aire en estos momentos a 1.537 ejecuciones hipotecarias en la provincia, correspondientes a los nueve primeros meses de 2012. Se trata de los expedientes abiertos el año pasado y que, por ahora, no han terminado en orden de desahucio. ¿Qué ocurrirá a partir de ahora?

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Gonzalo Moliner, ha manifestado que la sentencia europea sobre la legislación española de desahucios es «inmediatamente aplicable» y ha remarcado que el Gobierno central tendrá que modificar la actual ley hipotecaria al «tratarse de una normativa comunitaria». Moliner ha explicado que lo que se deduce de la resolución del Tribunal europeo es que ha entendido que cuando un juez estime que en una ejecución hipotecaria se aprecia la existencia de cláusulas abusivas «podrá tomar medidas cautelares consistentes en suspender la ejecución hasta que se emita la resolución definitiva». «Eso es inmediatamente aplicable porque es una interpretación del Tribual europeo de una directiva comunitaria», según el presidente del CGPJ, quien destacó que «posiblemente algún juez español lo haya interpretado ya así, porque era posible antes de que lo dijera el Tribunal europeo».

Las medidas implantadas por las administraciones públicas no han logrado frenar la sangría de desahucios aunque sí dilatar los plazos. La provincia registra el pico más alto de órdenes de lanzamientos desde que comenzó la crisis. En los nueve primeros meses de 2012, de enero a septiembre, se han tramitado en firme 1.410 expedientes de lanzamiento; lo que equivale a casi cuatro desahucios diarios. En este corto espacio de tiempo ya se han batido todos los récords, es decir, este dato ha pulverizado los 614 de todo 2008 y va camino de superar los 1.337 de 2011, una vez que se tenga constancia de los que hubo en el último trimestre de 2012. Cádiz, por tanto, es la tercera provincia con la estadística más alta, por detrás de Málaga y Granada.

El representante en la provincia de la Asociación de Usuarios de Bancos y Cajas de Ahorro (Adicae), Luis García, destaca que los jueces tendrán que revisar los expedientes de ejecución hipotecaria que se han iniciado para valorar si hay o no cláusulas abusivas. Considera muy complicado que la norma tenga efectos retroactivos, ya que es inviable volver a activar un procedimiento sobre un inmueble subastado. En su opinión, la sentencia europea es un triunfo del derecho comunitario porque «trata al consumidor y al banco de igual a igual».

El ministro de Justicia, Ruiz Gallardón, explicó ayer que el Gobierno modificará la ley para adaptarla a la normativa europea, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre este asunto. La incorporación de la doctrina europea puede hacerse a través de enmiendas a la proposición de ley de regulación de la dación en pago, de paralización de los desahucios y de alquiler social, recordó el ministro. El plazo de presentación de enmiendas a este proyecto, fruto de una iniciativa legislativa popular que se tramita por el procedimiento de urgencia, se amplió hasta mañana a la espera de conocer la sentencia de este tribunal.