CÁDIZ

Una pesadilla que se queda en pausa

Comienzan a retrasarse procesos de desahucios en la provincia a través de la sentencia dictada por Europa, ante las conocidas como cláusulas abusivas

SAN FERNANDO. Actualizado: Guardar
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¿Suerte? Nicolás Orce no considera que haya tenido suerte, simplemente que ha ganado algo de tiempo. Su desalojo no se llevó a cabo ayer, pero su pesadilla no ha terminado. Su caso fue uno de los primeros de la provincia en aprovecharse de la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia Europeo. Su abogado, Alberto Prian, aprovechaba los indicios de cláusulas abusivas para conseguir una paralización de dos meses a dos años, a la espera de certificar que la hipoteca de Nicolás recoja esos puntos desmesurados. «Sólo es un respiro para ver qué ocurre. Al menos hoy -por ayer- sé que no tengo que irme de mi casa».

El desalojo estaba previsto para ayer al mediodía. Una noticia que apenas tuvo tiempo para asimilar pues la notificación le llegó el jueves a las tres y media de la tarde. «Es el peor día de mi vida y lo que estoy pasando no tiene nombre». Un accidente laboral cambió su día a día. La empresa en la que estaba entró en quiebra y tuvo que batallar para conseguir la paga que le correspondía. Durante los seis meses que duró el proceso se quedó sin ingresos y a partir de ahí ya no levantó cabeza. Fue entonces cuando el banco comenzó los trámites para quitarle su vivienda, que le costó 150.000 euros, en la que reside junto a su hija, que ha terminado sus estudios y está en el paro.

«Empecé con una cuota de 700 euros y se puso en más de mil euros y cuando tuve el accidente ya fue imposible seguir pagando, ni siquiera con la paga que me quedó. Ahora toca esperar, pero al menos sigo en mi casa».

¿Y los que ya tienen paralizado su proceso? Pues se quedan prácticamente igual, porque el dictamen europeo no indica otra cosa que la posibilidad de detener y revisar el desalojo. El abogado de Francisco Torres, Luis Miguel Belizón del despacho de Enrique Montiel, utilizó para una moratoria de dos años el Real Decreto Ley que el Gobierno realizó en noviembre del año pasado. Ahora no tendrá que dejar su casa, que le costó 120.000 euros, antes del 15 de noviembre de 2014. Pero cuando llegue este momento se encontrará con otra disyuntiva, ya que le seguirá debiendo a la entidad bancaria casi 40.000 euros. Y todo ello cuando solo cuenta con la ayuda familiar para sacar adelante a su mujer y sus dos niños.

«Ojalá que las administraciones se den cuenta del problema y dejen de atarnos de pies y manos, sin posibilidad de defendernos. Yo quiero poner de mi parte para buscar una solución, no me importa incluso un alquiler social de 400 euros, que aunque me queden sólo 26 euros para comer y pagar facturas ya me buscaría la vida», señala.

Actualmente lo hace a bases de favores y debiendo dinero a la frutería, a la compañía de la luz, a la comunidad de propietarios, pero va tirando. «Es un sin vivir. No duermo, estoy a base de pastillas y la pesadilla nunca acaba». Acabar no acaba, sólo se queda en pause.