Carretero vuelve a sentarse en el banquillo por defraudar a Hacienda

El vendaval mediático que supuso la 'operación Karlos' con la implicación de María José Campanario, quien finalmente fue condenada junto a su madre, relegó a un segundo plano el origen de esa investigación, el cual se desgajó en su día y se transformó en un procedimiento judicial independiente, denominado 'caso Halcón'. Estas pesquisas dirigidas por la Agencia Tributaria destaparon toda una estructura societaria ideada presuntamente por Carlos Carretero y basada en la compra-venta de facturas falsas. Ayer se conocía la acusación pública que planteará el Ministerio Fiscal en un juicio oral para el que aún no hay fecha.

El fiscal acusa a 19 personas por participar en un entramado empresarial ficticio que sólo perseguía obtener beneficios económicos mediante facturaciones falsas a terceros. No sólo pide para ellos penas de cárcel sino la devolución de 7,6 millones de euros por cuotas defraudadas al IVA y el Impuesto de Sociedades entre los años 2002 y 2005.

Los clientes (sociedades con actividad real) de la trama delictiva, muchos de los cuales tienen su sede en la Sierra de Cádiz y están vinculados al sector de la piel, maquillaban sus balances con esas facturas falsas y declaraban operaciones mercantiles ficticias, obteniendo desgravaciones fiscales por la compra de productos o servicios inexistentes. Una práctica que actualmente persigue intensamente la Hacienda Pública, necesitada de sacar a flote los millones que mueve la economía sumergida y tras confirmar con esta primera gran operación, que el mercadeo ilícito de facturas estaba muy extendido en determinados sectores productivos de la provincia de Cádiz.

A la cabeza de este entramado, según el Ministerio Fiscal, se sitúa el exjefe de la Policía de Ubrique, Carlos Carretero, condenado por haber hecho negocio con la tramitación de pensiones de incapacidad a personas que no reunían los requisitos para obtener una pensión. El fisco comenzó en 2005 a indagar en su patrimonio debido al alto poder adquisitivo que demostraba y que no encajaba con sus ingresos reconocidos. A través de las intervenciones telefónicas, los funcionarios de Vigilancia Aduanera confirmaron las primeras pistas no sólo de un negocio empresarial basado en facturas falsas sino también que se había convertido en un auténtico conseguidor de pensiones. Al tratarse de dos vertientes ilícitas distintas, las pesquisas se dividieron en dos asuntos judiciales: Karlos y Halcón.

El fiscal lo define de ideólogo del entramado societario y a su pareja sentimental, Elisa Calvente, también condenada por el 'caso Karlos', como su fiel mano derecha. En la cúpula de esta asociación coloca además a Salvador M. V. y a Mariano G. M. El primero es un estrecho colaborador de Carretero, a quien le salpicó igualmente el anterior procedimiento si bien salió absuelto.

Doce de los acusados, entre los que se encuentran familiares y amigos de los principales imputados, ejercían de testaferros del entramado, personas que a cambio de una remuneración económica o incluso la obtención de una pensión de incapacidad que les garantizara unos ingresos de por vida, eran nombrados administradores de compañías que sólo existían en los papeles. Son las denominadas empresas emisoras y pantalla. Las primeras se dedicaban exclusivamente a emitir facturas por unos servicios que no hacían a terceros; y las segundas, declaraban el IVA por unas compras ficticias obteniendo así beneficios fiscales.

Cumplimiento real

Las penas que solicita el Ministerio Fiscal para los 19 acusados oscilan entre los 36 años para Carretero y su pareja hasta los 21 meses para algunos de los testaferros. Si bien, en el caso de los cabecillas esas peticiones son un mero cómputo de las penas que recoge el Código Penal para los delitos que les imputan: falsedad documental y contra la Hacienda Pública. En caso de ser sentenciados siguiendo el criterio del fiscal, se les aplicaría la limitación de cumplimiento máximo en prisión que establece la ley para los condenados por dos o más delitos. Así, a tenor de esta norma, tanto Carretero como su novia no permanecerían más de 9 años en prisión (el triple de la pena más grave, en este caso tres años).

A esto se suma que el propio Ministerio Fiscal reconoce en su escrito que el procedimiento, que ha cumplido más de siete años en los juzgados, ha soportado retrasos injustificados que no son achacables a los imputados; por lo que la sombra de la aplicación de una atenuante en las penas, en caso de condena, por dilaciones indebidas parece más que probable.

Aunque las pesquisas llevadas a cabo por la Agencia Tributaria puso boca arriba la contabilidad de más de 200 empresas reales de la provincia, que habían terminado siendo clientes del entramado liderado por Carretero, algunas de ellas regularizaron su situación ante el fisco y otras están inmersas en otros procedimientos judiciales. Así, sólo tres de ellas -Fergó Curtidos S. L., Curtidos Rebeco S. L. y Domipiel Design S. L. - y sus dos administradores serán acusados en el juicio debido a su especial implicación con la trama delictiva.