SEGUNDO 'AÑO MARIANO'

2012 ha sido un año difícil, un año de esfuerzos y de grandes sacrificios, un año sin frutos palpables para el ciudadano de a pie». No es el análisis de la oposición, es el de Mariano Rajoy. El presidente del Gobierno acompaña la descripción descarnada de la realidad con un paliativo: «El año que viene será mejor que 2012 y en 2014 habrá crecimiento». ¿Optimismo fundamentado o expresión de deseos? Los expertos aconsejan a los gobernantes que en vez de pintar cuadros oscuros busquen la pincelada luminosa en tiempos de crisis, y de eso dio fe José Luis Rodríguez Zapatero. El segundo 'año mariano' no pinta mejor en lo económico que el primero y en lo político las perspectivas son peores con el desafío soberanista planteado desde Cataluña.

El próximo va a ser el último año de la crisis y se comprobará en el segundo semestre. El presidente del Gobierno y sus ministros repiten esta frase con aparente convicción, pero en privado la certeza es menos rotunda. Aún recuerdan las optimistas predicciones de Zapatero y sus ministros de Economía en los finales de 2009 y 2010, cuando también auguraban que el final del túnel se vería al año siguiente y la oscuridad lejos de desvanecerse se hizo más negra. El presidente del Gobierno y el titular de Economía, Luis de Guindos, han garantizado que los deberes están hechos y no habrá más recortes el próximo año. Aunque el comisario europeo de Asuntos Económicos, Oli Rehn, certificó la promesa, Europa no ha dicho su última palabra, la dirá en febrero, cuando revise las cuentas de España.

José María Aznar suele decir que las circunstancias deslucen las promesas políticas. Ya puede tener un gobernante las mejores intenciones que la realidad es capaz de triturar cualquier propósito. Rajoy, que ha quebrantado las principales promesas de su programa electoral, no ha sido inmune a este fatalismo y hasta que la sombra del rescate no deje de planear sobre la economía los españoles no estarán a salvo de nuevos ajustes y recortes.

Pero, al margen de las hipótesis sobre futuribles, hay hechos objetivos. España necesita refinanciar el próximo año 230.000 millones de euros de su deuda y esa reestructuración «obliga», según Rajoy, a ahondar la política de austeridad. Una estrategia que, por otra parte, es la única que acepta la Comisión Europea. Lo que en román paladino quiere decir que no habrá alegrías para los bolsillos. De hecho, los Presupuestos de 2013 incluyen un tijeterazo al gasto público de 13.000 millones.

Otro dato que no admite interpretación es que el próximo año se van a ver las consecuencias de las medidas tomadas este. El adelgazamiento de la administración pública, que el Gobierno quiere pactar con el PSOE, va a traer, en palabras del secretario del ramo, Antonio Beteta, «decenas de miles» de despidos en los gobiernos municipales, autonómicos y central. Otro tanto ocurrirá con la reestructuración bancaria, el precio a pagar por las ayudas europeas. Los cálculos apuntan a que el cierre de sucursales y reducción de plantillas va a ocasionar que 25.000 trabajadores del sector financiero vayan a la calle. Lo mismo se puede decir de empresas como Iberia, la red de Paradores, Aena, televisiones autonómicas y un largo etcétera.

Seis millones de parados

El desempleo no va a descender y la tasa de paro, ahora en la franja del 25%, escalará por encima del 26%. Porcentaje que se traducirá en seis millones de parados, cifra histórica. La reforma laboral, para la que el Gobierno solo tiene buenas palabras, no solo no ha conseguido frenar la destrucción de empleo sino que, según los sindicatos y la oposición, ha estimulado los despidos y los expedientes de regulación de empleo.

Rajoy, además, tiene otra mala noticia para los ciudadanos en 2013, la reforma del sistema de pensiones que traerá de la mano el adelantamiento del retraso de la edad de jubilación. La previsión es que el retiro de los trabajadores pase de los 65 a los 67 años en 2027, pero las dificultades del modelo han convencido al Gobierno de que debe anticipar la prolongación de la vida laboral. Una medida que, a buen seguro, motivará movilizaciones sociales como ha ocurrido en todos los países donde se ha retrasado la jubilación.

El cóctel de despidos, bajadas de sueldo, subidas de tarifas, recortes del gasto, copagos y demás malas nuevas hace prever un 2013 aún más caliente que 2012. El clima social está caldeado como pocas veces y colectivos que casi nunca se han distinguido por un espíritu pancartero -médicos, científicos, catedráticos, profesores de Universidad, jueces, fiscales o abogados- también se han echado a la calle. Los sindicatos no preparan otra huelga general, han convocado dos en el primer año de Rajoy, pero la conflictividad está asegurada. Una respuesta que, en apariencia, no preocupa en la Moncloa, que siempre superpone la mayoría silenciosa que no protesta a la minoría que lo hace.

El reto catalán

Si el panorama social y económico no invita al optimismo, el político empieza a ser otro motivo de insomnio para Rajoy, aunque dice que duerme como un bendito. La política económica, pese a su dureza, no ha pasado una gran factura al PP. A pesar de haber perdido cerca de 13 puntos en intención de voto respecto a las elecciones, fue el partido más votado en los comicios andaluces, ganó los gallegos y salvó el tipo en el País Vasco y Cataluña; solo en Asturias recibió un varapalo. En 2013 no hay elecciones a la vista y su gestión no deberá someterse a la reválida de las urnas.

Sus preocupaciones políticas no vienen por el lado del PSOE, sumido en una crisis política y orgánica, vienen por el desafío soberanista de la Generalitat de Cataluña. Rajoy se confiesa preocupado por el reto y su inquietud creció con el pacto entre CiU y Esquerra Republicana. Cree que la consulta soberanista no verá la luz por más que lo diga el acuerdo firmado por Artur Mas y Oriol Junqueras, pero reconoce que introduce un elemento de inestabilidad nada conveniente. Por ahora, intenta combinar dureza y mano tendida en su respuesta, pero sabe que llegará un momento en que el diálogo será inútil y tendrá que valerse de la fuerza de las leyes. Una solución que, sin embargo, no resolverá el problema de fondo, la creciente desafección hacia España. Un sentimiento transversal, que no distingue ricos de pobres ni viejos de jóvenes y ni siquiera emigrantes de autóctonos.

Rajoy confía en que no se produzca un contagio soberanista al País Vasco gobernado por el PNV. El lehendakari Iñigo Urkullu no ha dado, por ahora, muestras de querer pisar la senda de Mas y ha situado sus prioridades en la lucha contra la crisis. Los nacionalistas vascos, empero, no olvidan que tienen pendientes una profundización del autogobierno y un cambio del estatus jurídico y político de Euskadi.

En los círculos del PP dan por hecho que tendrá que afrontar una remodelación de Gobierno. No son pocos los ministros que tienen su imagen por los suelos y una gestión como poco discutible. Nombres para entrar en el Ejecutivo suenan muchos, pero solo dos apuntan maneras, Javier Arenas y Antonio Basagoiti, con más posibilidades para el segundo que para el primero.