Santiago Segura, caracterizado como Torrente, en una imagen de la última película de la saga.
Sociedad

Un prostíbulo persigue a Torrente

Embargan 6.000 euros a la productora de Santiago Segura por incumplir un contrato con un local prestado

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Las gamberradas de José Luis Torrente en la ficción, que han conseguido conquistar al público en masa, pueden salirle caras a Santiago Segura. Las huidas sin pagar la cuenta, de las que se escapa por la puerta de atrás, o accidentes cuya autoría queda en el aire tienen repercusiones en la realidad cuando no se trata de cine. Un Juzgado de Madrid ordenó la pasada semana el embargo de las devoluciones que Hacienda pueda realizar a Amiguetes Entertainment, la productora de 'Torrente 4. Lethal crisis', hasta cubrir el pago de los 6.000 euros que adeuda como indemnización a Carnavali Alicante, la empresa gestora del club de alterne D'Angelo Palace.

Hace casi seis meses, un magistrado madrileño condenó a la empresa del célebre cineasta a abonar esos 6.000 euros por el incumplimiento de contrato con la mercantil que gestiona el local de alterne alicantino, que cedió sus instalaciones durante tres días para el rodaje de la película. Además, la sentencia dicta que en caso de demorarse el pago, se irán sumando intereses hasta que se resuelva el caso.

Desde la productora Amiguetes Entertainment indicaron ayer que no podían ofrecer declaraciones sobre esta sentencia porque los directivos estaban reunidos. Sin embargo, Santiago Segura contestaba en su perfil de Twitter a una pregunta sobre la noticia: «Bromas aparte, que un proxeneta buscando publicidad te denuncie por incumplimiento de contrato y una jueza le dé la razón es triste».

A estas palabras respondía ayer Mario Gamero, el empresario que dirige D'Angelo Palace: «Ha tenido tiempo para pagar y no ha querido. No queremos publicidad y con lo que nos gastamos en abogados no ganaremos dinero. Pero lo que no vamos a estar es callados ante una situación así».

El rodaje en el D'Angelo Palace tuvo lugar en la primavera de 2010. El empresario alicantino ofreció las instalaciones a cambio de un alquiler, pero la productora propuso un intercambio económico. Éste consistía en un contrato donde el cineasta se comprometía a incluir en el metraje un plano donde se viera con claridad la fachada del local con el nombre del club y Torrente recomendaría verbalmente a Rinrin -interpretado por Francisco Rivera- el establecimiento como «un lugar de lujo asiático». Según la sentencia, ninguna de estas condiciones se observan en el filme.

Gamero dijo que cuando anunció a Amiguetes Enterprises que iban a denunciarlos, estos le propusieron saldar la deuda con un «acto de presencia, donde Santiago Segura firmaría autógrafos». Gamero rechazó esta propuesta y ahora sigue con el caso en los juzgados, pendiente del pago de los 6.000 euros.

El empresario dijo que «si fuera un pobrecito que no tiene para comer, pues igual lo dejábamos pasar. Pero con la de millones que ha ganado, no se lo permito». Ya lo decía Cañita Brava: «Me debes 6.000 pesetas de güisqui». Ficción y realidad.