Concentraciones en los astilleros por la pérdida de la paga extra

Esta vez, la protesta de los astilleros se cocinó de forma interna. Los trabajadores de las tres plantas de la Bahía gaditana no salieron de sus respectivos centros de trabajo ni hicieron el amago. Celebraron asambleas y concentraciones ante las oficinas de la dirección por la pérdida de la paga extraordinaria de Navidad. Un recorte que sufren todos los empleados de la Administración del Estado.

La jornada parecía que no tendría repercusión de cara a la opinión pública, pero al mediodía los comités de empresa de los tres astilleros emitían un duro comunicado contra el subdelegado del Gobierno, Javier de Torre, por no autorizar su departamento una movilización, que se iba a materializar a través de una rueda de prensa, en los aledaños de la Delegación de Hacienda, a escasos metros del edificio de la Subdelegación. Un acto que habían previsto para hoy y que «se han visto obligados» a suspender: «Una vez más, nos muestra su talante y su rechazo a cualquier tipo de manifestación reivindicativa de los trabajadores de Navantia».

La respuesta recibida la tachan de «provocación» y de ser un intento de «anular cualquier expresión lícita de exigir carga de trabajo». Para concluir que el colectivo no flaqueará en sus demandas.

Preguntado por los motivos de esta desautorización, el subdelegado del Gobierno explicó que no se habían respetado los plazos que estipula la ley para comunicar una concentración y que la habían tramitado por la vía urgente «sin aclarar cuáles eran los motivos de esa urgencia, como exige la norma». «Los delegados sindicales conocen perfectamente la ley y saben de la necesidad de comunicación previa para que se pueda organizar un dispositivo que garantice la seguridad de los manifestantes y del público en general».

La ley orgánica 9/1983 que regula el derecho de reunión establece que ninguna estará sometida a la autorización previa. Pero hace una matización en aquellas manifestaciones o concentraciones en lugares de tránsito público. Los organizadores deben comunicarla con un antelación mínima de 10 días. Un plazo que puede obviarse cuando «existan causas extraordinarias y graves que justifiquen la urgencia de convocatoria», indica la norma. En ese caso podrá comunicarse 24 horas antes. De Torre asegura que los trabajadores de Navantia «no indicaron» cuáles son esas causas graves.

Por la vía de la urgencia se encuadran supuestos, como por ejemplo, las protestas ante un acto inminente. Si se celebrará después del motivo de la movilización, ésta carecería de sentido. De ahí que el legislador tuvo en cuenta en su día esas situaciones a la hora de redactar la ley.