Los islamistas ganan la batalla de la Constitución

Tras una frenética y maratoniana sesión de 16 horas para adelantarse a su posible disolución por parte del Tribunal Constitucional y haciendo oídos sordos al clamor de la oposición laica, la mayoría islamista de la Asamblea Constituyente aprobó ayer la nueva Carta Magna egipcia, que deberá ser sometida a referéndum. Organizaciones de derechos humanos han denunciado algunas carencias en un documento por lo general moderado. Pero su contenido presenta quizás menos problemas que la forma en la que ha sido concebido, con prisas, sin consenso -las fuerzas liberales y los cristianos abandonaron la Asamblea Constitucional- y justo cuando la polarización de la sociedad egipcia entre islamistas y laicos ha alcanzado su cénit.

En plena crisis de legitimidad por el polémico decreto que el presidente Mohamed Mursi emitió la semana pasada y que volvió a congregar ayer en la plaza Tahrir a decenas de miles de opositores, es posible que la nueva Constitución profundice en el caos político en el que se ha sumido Egipto. Los nuevos poderes que le otorga el decreto, que blinda las decisiones del presidente de la acción de la Justicia, «terminarán en cuanto se apruebe la Constitución», dijo Mursi en una entrevista televisada la noche anterior a que la Asamblea, compuesta prácticamente ya solo por islamistas, aprobara el borrador. El referéndum al que deberá ser sometido ahora podría celebrarse dentro de quince días.

La nueva Carta Magna no presenta cambios radicales con respecto a la anterior ley fundamental, de 1971, que ha servido de base. La agrupación Human Rights Watch, que ha analizado el documento, asegura que incluye mejoras y refuerza la protección contra la detención arbitraria, el trato inhumano y la tortura, y otorga más garantías al derecho de reunión, asociación y privacidad de las comunicaciones, entre otros. Sin embrago, también presenta carencias y contradicciones y limita las libertades religiosa y de expresión, que se ven constreñidas por otros dos puntos de la Constitución que prohiben «insultar a los profetas» o al «individuo».

Libertad religiosa

La libertad religiosa se circunscribe a las religiones monoteístas «del Libro» (Islam, cristianismo y judaísmo). Aunque en la anterior Constitución este derecho era más amplio, en la práctica los abusos, discriminaciones e incluso arrestos contra seguidores de otras minorías religiosas como la fe Bahai eran comunes. El nuevo borrador deja la puerta abierta a los juicios militares contra civiles en casos de «crímenes contra las Fuerzas Armadas», y también blinda sus intereses, ya que su presupuesto, por ejemplo, seguirá estando fuera del control de los órganos civiles.

Los salafistas no han conseguido imponer algunas de sus demandas, como la modificación del artículo que especifica el papel de la sharia (ley islámica) en el Estado, y que no ha sido alterado. «Los principios de la sharia» siguen siendo la fuente principal del derecho y no la única, como exigieron sin éxito los islamistas radicales. Sin embargo, para contentarles, se ha añadido otro artículo que acota esos principios a los del Islam suní. Pero la nueva Constitución incluye nuevas provisiones religiosas, y asegura, por ejemplo que la institución de Al-Azhar, la principal autoridad suní del mundo, deberá ser consultada en asuntos relacionados con la sharía.

Con respecto a la mujer, se ha eliminado un controvertido artículo que limitaba la igualdad de la mujer a las leyes de la sharía, pero no aporta mejoras a la no discriminación de la mujer con respecto a la anterior Constitución. Aunque el documento señala que los ciudadanos son iguales ante la ley y no deben ser discriminados, no especifica que no debe producirse distinción en función de sexo.