Alaya cambia a la policía por la Guardia Civil en la investigación de los ERE

Nuevo vuelco en la investigación de los ERE. La juez de Instrucción de Sevilla que investiga la supuesta trama de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) pagados por la Junta de Andalucía ha decidido sustituir a la Policía por la Guardia Civil en la investigación, que comenzó hace dos años y medio.

En este sentido, fuentes de la investigación consultadas por Europa Press han puesto de manifiesto que la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya , ha decidido que la policía deje de investigar las presuntas irregularidades cometidas en numerosos expedientes de regulación de empleo incentivados por la Junta, asignándole esta tarea a la Unidad Central Operativa (UCO) de Policía Judicial de la Guardia Civil .

La jueza argumenta esta decisión en el auto en el hecho de que el Instituto Armado cuenta con una mayor dotación de medios para hacer frente a la investigación.

Otras fuentes judiciales consultadas por Europa Press han explicado que, en el auto, que todavía no ha sido notificado formalmente a las partes personadas, la juez Alaya asegura que toma esta decisión «por circunstancias que ya le han sido comunicadas personalmente» a la Policía. Las fuentes han criticado la decisión adoptada por la juez y han hecho mención a la motivación «política» que se «esconde» detrás de la misma.

Otras fuentes señalan la posibilidad de que la instrucción se retrase al tener que volver a revisar la Guardia Civil cientos de documentos de los ERE.

Esta polémica se produce después de que la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla haya concluido recientemente que las actas de los consejos de Gobierno de la Junta de Andalucía no son secretas, con lo que confirma el auto en el que la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla solicitó a la Administración autonómica las actas de los consejos celebrados desde 2001 hasta la actualidad, decisión que provocó un enfrentamiento entre Junta y juez que, finalmente, deberá ser resuelto por el Tribunal Supremo (TS).

Reacciones

La portavoz del Gobierno, Mar Moreno, no quiso entrar a valorar la nueva situación de la investigación, recordando que el Ejecutivo no se pronuncia sobre las actuaciones judiciales. «La Junta de Andalucía no tiene nada que opinar, nada nuevo que decir».

El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, coincidió en no analizar la decisión. «Estoy convencido que será para mejorar la instrucción, confío tanto en la policía como en la Guardia Civil. Lo único que deseo es que llegue hasta el final», manifestó el dirigente popular.