Cuestión de confianza

Rodríguez Zapatero comunicó ayer a la cúpula del PSOE durante el Comité Federal su renuncia a presentarse por tercera vez como candidato a las generales en 2012. El secretario general del PSOE afirma que cumple así con la hoja de ruta personal que se trazó cuando llegó a la Moncloa y lo anuncia en «el momento en que cree más oportuno». Su decisión, y a diferencia de la afirmación anterior sí que es incontestable, atiende los requerimientos insistentes de una parte del PSOE, temeroso del efecto negativo que la indefinición sobre el futuro del presidente pudiera tener sobre los resultados socialistas en las elecciones autonómicas y municipales de mayo. Puede interpretarse que el líder socialista aprovecha también la ola brindada por la patronal, por boca de Emilio Botín, para ponerse con todo ahínco al frente de las reformas en curso o en proyecto, evitando la pérdida de atención y de energías que suscita la cuestión sucesoria.

Si se profundiza en el análisis, se verá que este anuncio, que permite un avance para la resolución de las dificultades del PSOE, no lo es de modo tan nítido para el conjunto de la ciudadanía. Es claro que el anuncio de su retirada debilita a Zapatero en la presidencia del Gobierno y ante un país que, según afirman todas las encuestas, ha perdido su fe en él y ante un Partido Popular que reclama elecciones generales anticipadas para resolver la crisis política que acompaña a la crisis económica. Un desafío que compromete no solo al PP sino a todas las fuerzas políticas. Los resultados del 22 de mayo adquieren, por tanto, una relevancia adicional: si el PSOE no consiguiese evitar la contundente derrota que le auguran todos los estudios demoscópicos, es evidente que la situación general sería difícilmente sostenible. Independientemente de que los socialistas puedan perder los apoyos de partidos nacionalistas para aprobar los presupuestos, se trataría de una cuestión de agotamiento del crédito político y de confianza ciudadana en la solvencia del Gobierno para afrontar los graves problemas que aquejan al país. El Ejecutivo y el PSOE tiene que actuar con responsabilidad y en cualquiera de los escenarios que se dibujen, deben evitar con toda su energía que los enredos propios de una lucha por la sucesión resten recursos y concentración para lo que debe ser la máxima prioridad: las reformas económicas y estructurales que fructifiquen en una recuperación sólida y una lucha efectiva contra el paro. La gravedad de los problemas no permite dilación alguna y necesita de un Gobierno fuerte, que afronte con decisión y valentía las transformaciones ya comprometidas con Bruselas, y otras imprescindibles, que formen parte de un plan integral, aún por definir y acometer.

El jefe del Ejecutivo pudo ayer haber solucionado un problema personal y de su partido, pero no debe olvidar que el alcance de la lucha sucesoria atañe a todo el país. Se necesita ahora que el Gobierno tenga altura de miras y asuma que nos encontramos ante un momento crucial en el que hay que actuar con decisión y valentía. Para ello es imprescindible contar con la mayoritaria confianza del electorado y una convicción sólida en las políticas que se han de llevar a cabo. En caso de que el 22 de mayo, las municipales y autonómicas confirmen de forma palmaria la pérdida de esa confianza en un proyecto de gobierno, las fuerzas políticas deberían reclamar unas elecciones anticipadas que permitan poner al frente del Ejecutivo a un equipo recién respaldado por los ciudadanos.