Londres da un hachazo contra el déficit

El ministro de Economía británico, George Osborne, detalló ayer las aéreas que se verán afectadas por el recorte del gasto publico de 6.243 millones de libras (7.260 millones de euros) que ya anunció la semana pasada y que finalmente excederá en 282 la cifra avanzada. Con un déficit total a reducir en el próximo lustro que se estima que sobrepasa los 181.000 millones, la medida es el primer paso para reducirlo este año, la máxima prioridad del nuevo Gobierno de coalición.

Para Osborne, Reino Unido debe ser «una de las principales voces en favor de la responsabilidad fiscal» dentro de Europa, y el que la deuda no entre en «una espiral fuera de control» en un mensaje destinado a garantizar a los mercados financieros de que no hay dudas al respecto en el seno de la coalición. Antes de llegarse al acuerdo de gobierno, los liberaldemócratas eran más próximos al argumento de los laboristas de que un recorte abrupto puede poner en riesgo la recuperación económica. Éste es precisamente el que utilizó Brendan Barber, secretario general del Trades Union Congress, que agrupa los mayores sindicatos del país para criticar las medidas.

Osborne destacó la celeridad con la que se ha puesto a trabajar el nuevo Ejecutivo y el hecho de «haber encontrado y acordado» el recorte que suponía «un malgasto para el sector público». Junto a él compareció el secretario del Tesoro, el liberaldemócrata David Laws, quien advirtió de que «se trata de un primer paso» y que se deberán emprender acciones más duras debido a «los años de extravagancia y mala administración de los laboristas». Sus palabras hacen temer las decisiones que puedan contener los presupuestos de emergencia que se presentarán el 22 de junio.

Esta primera ronda de ajuste no afectará al gasto en servicios de primera línea como hospitales. Entre los ministerios los mayores recortes los sufrirán Transporte y Educación, pero el más afectado será el de Negocios, cuyo titular, el 'libdem' Vince Cable, goza popularidad debido a sus explicaciones sobre la crisis financiera. Pero en una concesión a sus socios de gobierno, 581 millones de euros de su departamento se «reciclarán» en palabras de Osborne para programas de formación profesional o para mantener el programa educativo para jóvenes entre 16 y 19 años.

Las medidas tomadas afectan también a las partidas destinadas al sistema informático de la Administración, al uso de consultoras externas y al transporte, como la reducción en el número de coches oficiales para cargos públicos y los viajes en primera clase de los funcionarios, tachada por sus detractores de populista. De ahí se conseguirán ahorrar en conjunto 1.449 millones de euros a los que se sumarán otros 1.980 al parar o postergar proyectos y renegociar los términos de contrato con los proveedores.

Aportación a recién nacidos

Una de las decisiones que puede acarrear impopularidad al reciente Gobierno es la eliminación a partir de enero de la ayuda a los recién nacidos. Puesta en marcha en 2002 por el Ejecutivo Blair, consistía en una aportación de 291 euros que se ingresaba en el banco y de la que el menor no podía disponer hasta cumplir los 18 años. Su objetivo era fomentar el ahorro familiar y que los jóvenes dispusieran de una cantidad de dinero para invertir en su educación.

El titular de Economía afirmó que la reducción del déficit este año es esencial para evitar que el próximo se tenga que imponer «un impuesto sobre el empleo», es decir, elevar las contribuciones a la seguridad social que los laboristas proponían fijar en un 1%. Su antecesor en el cargo, Alistair Darling, criticó la falta de concreción respecto a los puestos de trabajo que pueden perderse. El Chartered Institute of Personnel and Development, la mayor institución en Europa que reúne a profesionales en recursos humanos, calculó que la combinación de congelar la contratación de personal en el sector público y la reducción del gasto podía acarrear la pérdida de 50.000 empleos.

Darling añadió la de plazas universitarias. El Gobierno Brown había prometido aumentarlas en 20.000 y los liberaldemócratas en 15.000. Pero finalmente se han impuesto los conservadores que abogaban por 10.000, cuando la demanda respecto al pasado otoño ha aumentado en un 16,5% y se calcula que podría haber otras 100.000 personas más interesadas en acceder a los estudios superiores.