Los agujeros de Tuenti

Si el periódico que usted está leyendo dejara ver la foto de una menor de edad sin consentimiento de sus padres se vería en un serio aprieto: por infringir las normas legales que protegen la imagen de los menores. Si unos resultados médicos aparecen en un contenedor de basura (aunque sean banales, como por ejemplo un análisis que muestra que el colesterol de alguien está un poco alto), a la clínica responsable también le puede traer serios problemas: por fallo en la custodia de datos que tienen que ver con la intimidad de las personas y que le han sido confiados. Si lo que sale a la luz pública es un paquete de fotografías de una menor, junto a múltiples informaciones que tienen que ver con su intimidad (sus pensamientos, sus relaciones con otros menores, sus mensajes personales), ¿qué es lo que pasa? Pues nada en absoluto. Incluso si la menor de que se trata es la víctima mortal de un delito, y resulta que tenía tan sólo 13 años. O si es la supuesta autora de ese delito, pero tiene 14 años y por tanto, de acuerdo con la ley, su intimidad está también protegida. O al menos eso, nada de nada, es lo que ha pasado, por ahora, tras la filtración de las fotografías que Cristina Martín, la niña asesinada de Seseña, y Ch., la menor que presuntamente acabó con su vida, guardaban en sus espacios personales en sendas redes sociales, y que la semana pasada circularon sin control por la Red. Al igual que toda una serie de informaciones relativas a su intimidad (como el detalle de que Cristina acababa de agregar a sus amigos al novio de Ch., lo que se cree pudo alimentar el resentimiento de ésta).

Los gestores de estas redes, que están acumulando en sus servidores los datos y las imágenes personales de millones de personas, proclaman que lo que uno cuelga ahí sólo lo ven aquellos a quienes autoriza, dentro de un grupo cerrado y controlado por el titular. En la práctica, y dada la porosidad de Internet, el material puede acabar llegando fácilmente a cualquiera, como hemos visto. Por eso, muchos adultos, primero deslumbrados por el fenómeno Facebook, se han dado de baja, y hasta existen programas especiales para borrar todas las huellas que la dichosa red social deja de uno por ahí (lo que no es nada fácil). Una de las redes sociales de las que se fugaron los datos de Cristina y Ch. es española. Se llama Tuenti y está muy enfocada a los adolescentes. En teoría, nadie menor de 14 años puede apuntarse. En realidad, muchos niños de 10 ya están allí. Les basta decir que tienen 16, o 18. Nadie lo controla, sino a posteriori, como en el caso de Cristina. ¿Ninguna autoridad de este país ha pensado aún en exigir responsabilidades a esa empresa, que tan poco fiable se ha demostrado a la hora de proteger la intimidad de nuestros niños, y tan voraz es para recolectarla?