Sinde puso de manifiesto ayer la 'rentabilidad' de Gaudí. :: L. V.
Sociedad

Gaudí es un gran negocio

La ministra pide «respeto» para los creadores en el Foro de las Industrias Culturales que se celebra en la Ciudad Condal Ángeles González-Sinde defiende la cultura como «fuente de empleo»

BARCELONA. Actualizado: Guardar
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El arquitecto Antoni Gaudí, fallecido hace casi 84 años, sigue aportando beneficios a la sociedad. Barcelona lo sabe y muy bien. Miles de personas viajan cada año a la Ciudad Condal para ver sus obras. Por ello, la oficina municipal de turismo ha organizado una ruta guiada para conocer los bellos edificios y espacios ideados por el arquitecto y urbanista de Reus.

La 'rentabililidad' de Gaudí fue puesta ayer de manifiesto por Ángeles González-Sinde en el Foro de las Industrias Culturales que se celebra en Barcelona, un encuentro en el que participan representantes de este ámbito de la Comisión y del Parlamento europeos. En un escenario tan propicio, la ministra española de Cultura recurrió al máximo representante del modernismo catalán como ejemplo de la rentabilidad de la actividad cultural. «Gaudí aún produce más empleo en un sólo día en Barcelona que todos los que desprecian a los creadores», manifestó.

Con esta afirmación, reclamó que la cultura «se sitúe de manera real en el corazón del proyecto europeo», insistió en la capacidad de creación de puestos de trabajo y arremetió, por fin, contra «quienes se están enriqueciendo sin respetar los derechos de los creadores». La ministra no quiso desaprovechar la oportunidad del encuentro para reafirmar la firme decisión del Gobierno Zapatero de seguir adelante con la 'ley antidescargas', que permitirá el cierre de páginas web que enlazan o alojan sin permiso archivos protegidos bajo los derechos de autor.

«Los artistas al crear su obra están generando empleo. Gaudí sigue generando empleo», insistió para, a renglón seguido, defender la «lógica» que vertebrará el modelo español a los accesos a los contenidos en Internet a través de la disposición final de la Ley de Economía Sostenible, aprobada por el Consejo de Ministros y remitida ya al Congreso de los Diputados.

La mano dura contra la piratería responde, según González-Sinde, a «la lógica del respeto a los derechos de todos, de los ciudadanos y los creadores, una lógica que sólo pueden temer quienes se están enriqueciendo sin respetar los derechos de los trabajadores culturales».

Por su parte, la subsecretaria del Ministerio de Cultura, Mercedes Elvira de Palacio, aseguró que en el marco de la economía «post crisis», la industria cultural se convierte en un sector «con presente y futuro. Nunca más cultura 'versus' economía, a partir de ahora la cultura de la mano de la economía», ha defendido la subsecretaria.

Turismo cultural

Recalcó que la industria cultural ha supuesto de media en la economía española, entre los años 2000 y 2007, un 3,9% del Producto Interior Bruto (PIB), un porcentaje superior al que aporta la agricultura o la energía. Además de esta riqueza, la actividad cultural genera ingresos a través del llamado turismo cultural, «un sector esencial», añadió.

Elvira ha señalado que para el Gobierno se trata de uno de los sectores punta y pondrá especial cuidado en los derechos de propiedad intelectual «porque nadie invertirá un euro en una industria que se base en el gratis total; los que invierten quieren ver retribuidos sus esfuerzos», argumenta.

En este aspecto, ha indicado que para luchar contra la piratería de los derechos intelectuales, el Gobierno «no trata de controlar la red, sino de retribuir justamente a los empresarios y a los creadores de la industria cultural», y ha remarcado que el mercado castellanohablante cuenta con una área de acción de 500 millones de personas.

Para Elvira , el modelo que quiere promover el Gobierno sobre la propiedad y la gestión del derecho intelectual, a través de la ley de Economía Sostenible, es «equilibrado y racional» y confía en que sea bien recibido por el resto de países europeos. La cultura además de una industria, «es un derecho» para los ciudadanos de los países europeos, reconocida en sus constituciones, ha subrayado.